Desde que el Ministerio Público (MP) instaló en el estado Lara la Fiscalía 35, que se encarga de los casos de estafas inmobiliarias y de vehículos, cinco personas han sido detenidas en el Centro Penitenciario Centroccidental en Uribana, acusadas de fraude en el ramo inmobiliario.
La información la suministró el fiscal superior de Lara, William Guerrero Santander, durante el encuentro que realizó el Ministerio Público con las afectadas y los afectados por estafas inmobiliarias y de vehículos, celebrado la semana pasada.
Afirmó que 15 personas fueron sancionadas con orden de captura y 29 están siendo investigadas, por lo que tienen prohibición de salida del país.
Explicó que en los casos ventas programadas de vehículos, existen 7 personas acusadas y 3 privadas de libertad por estafa.
El fiscal añadió que en la entidad existen 350 víctimas individualizadas, de los cuales 3 han sido beneficiadas por los convenios reparatorios y 40 podrían llegar a un acuerdo en los próximos días.
Señaló que los casos más sonados en la entidad tienen que ver con falsos representantes de Venirauto. «Un grupo de personas entregó dinero a supuestos funcionarios de la empresa pública Venirauto y resultaron estafadas».
En materia de estafas inmobiliarias lo más común es la venta de complejos habitacionales en terrenos que no son propios, así como la promesa de viviendas con ciertas características que resultan falsas.
Guerrero Santander indicó que dentro de las acciones del Ministerio Público se encuentra la prohibición de enajenar y gravar contra 15 empresas, que son investigadas por diferentes irregularidades.
Precisó que se mantiene una campaña de información, para que las personas conozcan cuales con las empresas involucradas e investigadas por fraude.
ACTUACIONES POSITIVAS
Para Cruz Prado, afectada por estafa inmobiliaria, las actuaciones del Ministerio Público en su caso han sido las más acertadas. «Hace 15 años me metí en una asociación que prometió la construcción de unos apartamentos, hace apenas un par de años los entregaron con una serie de irregularidades. En la actualidad no hemos podido protocolizar porque existe una lista de 300 beneficiarios y sólo hay 190 apartamentos».
Prado informó que la empresa encargada de la construcción de los apartamentos, ubicada en Barquisimeto, es la Inversora Matís.
Tal como lo narró una persona estafada desde el 2006 por Promociones y Desarrollo MG 2000 y Global Inversiones, el Ministerio Público ha escuchado y atendido cada una de sus necesidades.
«Nosotros compramos unas casas en 230.000 bolívares hace 5 años, hoy en día tenemos orden de desalojo por los Bomberos porque las casas presentan grietas y riesgo de caerse, además el muro de contención que construyeron está cediendo», confió.
Afirmó que los vecinos del conjunto residencial han debido pagar, con su propio dinero, los trabajos que determinarán si pueden continuar en ese sitio o abandonar la zona.