El presidente de Avanzada Progresista, Henri Falcón, exigió explicaciones sobre la relación que existe entre la empresa canadiense Crystallex y José Ignacio Hernández a quien el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, nombró procurador» de su gobierno paralelo.
Falcón solicitó «una investigación sobre la relación entre Crystallex y el ex procurador designado por Juan Guaidó, José Ignacio Hernández. Relaciones que no son válidas».
Las exigencias del político derechista fueron emitidas por Twitter.
Falcón comentó que tales relaciones «legalmente hablando, son espurias e indeseables y han atentado contra los intereses del país», dijo.
«Hemos sido enfáticos en la necesidad de que desde la Asamblea Nacional, se informe y rinda cuentas al país del manejo de recursos y acciones sobre bienes que son de Venezuela y no de un partido. Eso en estos 18 meses no ha ocurrido», escribió.
Solicitamos una investigación sobre la relación entre Crystallex y el ex procurador designado por Juan Guaidó, José Ignacio Hernández. Relaciones que no son válidas, legalmente hablando, que son espurias e indeseables y han atentado contra los intereses del país #CitgoEsDeVzla
— Henri Falcón (@HenriFalconLara) July 10, 2020
«Si los venezolanos no actuamos unidos, terminaremos de entregar lo poco queda de nuestro país a cualquier potencia extranjera, bajo los intereses de un grupito y falsas promesas de libertad», advirtió en referencia a Citgo y el lobby intervencionista propiciado por Guaidó desde Washington.
El litigio entre la minera y el Gobierno venezolano data del 2008 por una expropiación en el proyecto aurífero Las Cristinas, ante lo cual Crystallex demandó a Pdvsa por 2.800 millones de dólares que, según la compañía, servirían como compensación.
Las demandas de la minera, que iniciaron en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), buscaban apoderarse de los activos del Estado venezolano en Estados Unidos, que incluyen las filiales PDV Holding y Citgo.
Luego, Crystallex acusó a Pdvsa de transferir «ilegalmente» activos de Citgo a la empresa rusa Rosneft, lo que -a su juicio- bloqueaba la compensación que solicitaban por las acciones del Gobierno.
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