Bajo una fuerte presencia militar y policial, miles de hondureñas y hondureños realizaron ayer una manifestación en distintos puntos del territorio hondureño, para repudiar el golpe de Estado perpetrado hace un año contra el gobierno de Manuel Zelaya, solicitar su retorno al país y abogar por la realización de una Asamblea Constituyente para refundar la Patria.
En la capital, Tegucigalpa, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), convocó a un recorrido que partió de Plaza de El Sol y culminó en las inmediaciones de la Casa de Gobierno. La esposa del presidente Zelaya, Xiomara Castro, y su hija Hortenzia Zelaya , también conocida como «La Pichu», asistieron a la actividad que comenzó con el bloqueo de una calle que conduce al oriente del país, al final de un bulevar, donde después inició la movilización hacia el centro coreando consignas como «Sí a la Constituyente», «Viva Mel Zelaya», «Fuera golpistas» y «No más golpes de Estado», entre otras.
La marcha fue seguida por decenas de policías «para evitar incidentes», dijo a periodistas un portavoz de las fuerzas del orden, mientras que los alrededores de la Casa Presidencial fueron acordonados por militares y policías provistos de escudos, fusiles M-16, bombas lacrimógenas y bastones de madera.
El dirigente del FNPR, Carlos Reyes, denunció que camiones repletos de efectivos del ejército y la policía llegaron a los puntos de concentración de los manifestantes para tratar de amedrentarlos, informó Prensa Latina.
«Ellos lo que buscan es intimidar a la población, pero los hondureños no debemos tener miedo», declaró Reyes a la mencionada agencia.
«En Honduras hubo un golpe de Estado y ese rompimiento sólo se restablece con una nueva Constitución», dijo Carlos Reina, dirigente del FNRP.
Reina calificó de terrible la situación un año después de aquellos sucesos y denunció la continuación de la violencia y de los asesinatos selectivos.
POR LOS DERECHOS HUMANOS
De manera simultánea a esta actividad, la Plataforma de Derechos Humanos, que integran varias organizaciones no gubernamentales de Honduras y de América Latina, celebraron la ceremonia de instalación de la «Comisión de Verdad», que está integrada por dos ciudadanos nacionales y ocho extranjeros, entre ellos, la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, de Argentina; Luis Carlos Nieto, de España; el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Argentina; Mirna Perla, de El Salvador; Craig Scott, de Canadá; Elsie Monge, de Ecuador; Francois Houtart, de Bélgica; Francisco Aguilar, de Costa Rica, y los hondureños Helen Umaña y Fausto Milla.
Por su parte, la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, señaló que esta instancia «enfocará su mirada en las historias no contadas de las víctimas» del golpe de Estado.
«Seremos exigentes en la búsqueda de los hechos, justos en la definición de la verdad, pero implacables en la denuncia de las responsabilidades», agregó Cáceres.
Este organismo es la propuesta de la resistencia hondureña a la “Comisión Oficial de la Verdad”, instaurada por el gobierno de Porfirio Lobo en mayo, y a la que el FNPR calificó de ser una herramienta burocrática para legitimar el golpismo y dejar impunes los crímenes cometidos por la dictadura.
La resistencia continuará activa hasta lograr los objetivos que se han planteado, indicaron dirigentes populares presentes en el acto.
SOLIDARIDAD DEL ALBA-TCP
A través de un comunicado oficial, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), manifestó su solidaridad con el pueblo de Honduras en resistencia y con el presidente José Manuel Zelaya Rosales.
La llegada de Honduras al ALBA significó la incorporación de su Gobierno y de su pueblo a los planes de integración que permitieron la inclusión de sectores socialmente excluidos, a planes y programas de créditos productivos, salud, educación y la incorporación de ese país “ a la gran corriente independentista y revolucionaria que hoy ha unido a nuestros pueblos de Suramérica, Centroamérica y el Caribe”.
“Por ello se fraguó entonces una burda operación militar de secuestro y destierro del Presidente Zelaya, respaldada por una maniobra política institucional para cometer el grave delito de derrocar un gobierno constitucional”, indica el texto.
“En su momento, desde el ALBA, junto a nuestros hermanos del continente, se impulsó la denuncia y la condena mundial contra este golpe de Estado, y transcurrido un año, a nadie le quedan dudas acerca de la participación de grupos de poder de los Estados Unidos en esta repudiable operación”, prosigue.
El ALBA- TCP ratificó su solidaridad con el pueblo hondureño en sus denuncias sobre masivas violaciones de los derechos humanos y en su lucha por la restauración de la democracia . Asimismo solicitó que se le garantice a José Manuel Zelaya Rosales plenos derechos políticos para regresar a su Patria.