El Gobierno húngaro ha presentado el martes, 29 de mayo, en el Parlamento un polémico proyecto de ley que castiga con penas de hasta un año de cárcel a quienes ayuden a migrantes (refugiados) en situación administrativa irregular, incluido refugiados y solicitantes de asilo.
«Es importante que el Parlamento apruebe esta ley lo más pronto posible, ya que funcionará como un escudo político» para el Gobierno en sus discusiones sobre el tema con Bruselas, declaró a la prensa Csaba Dömötör, secretario de Estado de Gobernación.
Según el texto, el apoyo a la inmigración se produce, entre otros aspectos, cuando se ayuda en la solicitud de asilo de una persona que no es perseguida o se logra un permiso de residencia para un migrante que entró o permanece en Hungría de manera irregular. En estos casos, según la propuesta de ley, se comete un delito que puede ser castigado con entre cinco y 90 días de detención.
Por otra parte, la planeada legislación también prevé que si alguien apoya la inmigración irregular de una manera duradera o con dinero puede ser castigado con un año de prisión, así como también cuando realiza esa actividad dentro de una franja de ocho kilómetros desde las fronteras o por «beneficio financiero».
El secretario de Estado ha explicado que el proyecto de ley se debatirá desde la próxima semana en el Parlamento, donde el partido del primer ministro, el ultranacionalista y conservador Viktor Orbán, cuenta con una mayoría absoluta de dos tercios.
El proyecto de ley lleva el nombre de «Stop Soros», en alusión al magnate de origen húngaro George Soros conocido por donar dinero a varias entidades de la sociedad civil. ONG húngaras y organismos internacionales han denunciado que el proyecto limita el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil en Hungría.
ACNUR PIDE QUE SE RETIRE EL PROYECTO
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha pedido al Gobierno de Hungría que retire el polémico proyecto de ley. «Acnur está seriamente preocupado de que, de ser aprobadas, estas propuestas privarán de asistencia esencial a personas forzadas a huir de sus hogares, inflamarán aún más el discurso político y aumentarán las actitudes xenófobas», afirma un comunicado de la Agencia de la ONU.
«Buscar asilo es un derecho humano fundamental, no un crimen. Y el Gobierno está atacando a las personas que quieren ejercer un actividad humanitaria», afirma Pascale Moreau, directora de la Oficina europea de ACNUR.
Medios locales han informado de que la CDU alemana, el partido democristiano de la canciller Angela Merkel, que pertenece a la misma familia política que Orbán, el Partido Popular Europeo, ha pedido al Gobierno húngaro que espere a la opinión y observaciones de la Comisión de Venecia antes de aprobar la ley. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa sobre cuestiones constitucionales, democracia y derechos humanos.
En el poder desde 2010, el líder ultranacionalista Orbán se caracteriza por un discurso xenófobo que vincula la inmigración con la delincuencia y el terrorismo y ha asegurado que pone en peligro la identidad europea.
Según el recuento de Acnur, de media Hungría solo permite la entrada a dos solicitantes de asilo por día y todo aquel que intenta acercarse a la alambrada es expulsado automáticamente.
«Con las restricciones en frontera y con el acceso limitado al sistema de asilo, Hungría ha hecho casi imposible para una persona poder registrar una solicitud de asilo para poder obtener el estatus de refugiado», asegura Moreau. Hungría, con casi diez millones de habitantes, solo concedió el estatus de asilado a 1.216 personas en 2017, según la Agencia de la ONU.