La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, ratificó este sábado las denuncias por acciones violentas que emprendieron grupos fascistas, alentados por la dirigencia opositora, desde el pasado 15 de abril y que han causado víctimas y daños materiales.
Durante una rueda prensa, Ramírez rechazó que la supuesta investigación hecha por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) busca desmentir los hechos ocurridos en varios estados del país.
Indicó que Provea basa su informe en una revisión hemerográfica y de las paginas en internet de medios de comunicación privados. “Según esta ONG sino sale en la prensa o en los medios digitales el hecho no existió”, dijo.
Recordó que en Venezuela «ya tenemos una tradición de lo que significa la información de la prensa (…) Habrán muchas personas que no han aparecido en la prensa y a criterio de Provea estas no existen».
Ramírez exhortó a todas las organizaciones de Derechos Humanos en el país a actuar responsablemente y no convertirse en actores políticos, al tiempo que solicitó a Provea revisar sus mecanismos de investigación.
«Hemos hecho esta denuncia con el único propósito de respaldar el llamado a la paz que fue el mensaje del presidente Nicolás Maduro», desde el pasado 14 de abril y en su discurso durante su juramentación en el cargo, manifestó.
RECOPILAN PRUEBAS DE ACCIONES VIOLENTAS
La defensora del Pueblo anunció que su despacho se encuentra recopilando todas las pruebas de las acciones violentas desarrolladas por grupos fascistas en varios estados del país, con el fin de elaborar un informe y presentarlo a la nación y a organismos internacionales.
Detalló que el CDI ‘Mi Jardín’, ubicado en la parroquia Ramón Ignacio Méndez del estado Barinas, fue destruido y quemado casi en su totalidad. “Se perdieron las camillas y equipos médicos”, detalló
Indicó que en la entidad llanera también fueron quemados 17 contenedores que fueron adquiridos recientemente para resolver el problema de basura e igualmente fueron incendiados dos vehículos del Partido Socialista Unido de Venezuela de la parroquia Barinas.
Expuso que la sede de la Defensoría del Pueblo en el estado Mérida «fue apedreada y se le rompieron todos los vidrios» y desde la «manifestación pacifica» que se convocó a la sede el Consejo Nacional Electoral en la entidad andina «salió una pedrada que le partió la cabeza al mensajero de la Defensoría del Pueblo».