La Eurocámara pidió este jueves al Gobierno español que reduzca el “el intolerable número de desahucios” en el país, como afirma en una resolución no vinculante, en la que añade que ha de vigilar “atentamente” la aplicación de las medidas adoptadas por las autoridades españolas para evitar abusos por parte de la banca.
Para ello, el Parlamento Europeo aprobó hoy una resolución en la que insta a las entidades financieras en toda la Unión Europea a abstenerse de desahuciar a las familias que viven en su única residencia y, que en su lugar, se comprometan a reestructurar la deuda.
De la misma forma, insta a la Comisión Europea para que se cumpla la aplicación de las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno español en el sector bancario y así evitar abusos en la banca.
La resolución, no vinculante y que fue presentada por la comisión parlamentaria de Peticiones sobre la legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en España, fue aprobada por 383 votos a favor, 266 en contra y diez abstenciones.
El texto ha tenido en cuenta «el gran número de peticiones» recibido, que ha puesto de manifiesto «la tragedia de miles de casos personales en los que ciudadanos han sufrido la pérdida parcial o total de los ahorros de toda una vida».
La Eurocámara ha considerado que las autoridades españolas aprobaron en mayo de 2013 medidas de protección a los deudores hipotecarios y que modificaron el sistema nacional de recurso en el ámbito hipotecario el pasado mayo para adecuarlo a la legislación comunitaria.
En concreto, los eurodiputados instan a la Comisión Europea a supervisar la aplicación de la sentencia «Aziz» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en marzo de 2013 determinó que las normas españolas que regulaban los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca eran contrarias a la legislación europea sobre cláusulas abusivas.
El Parlamento Europeo recoge datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, según los cuales desde 2008 ha habido en España casi 400.000 desahucios (19.261 de ellos en el primer trimestre de 2015) y más de 100.000 familias han perdido sus hogares.
De esta forma, los eurodiputados piden a las entidades financieras en toda la Unión que «pongan fin a los comportamientos abusivos hacia los clientes en el sector de las hipotecas, productos financieros sofisticados y tarjetas de crédito, incluida la imposición de intereses excesivos y la cancelación arbitraria de los servicios».
El pleno de la Eurocámara rechazó en la votación propuestas como instar a la Comisión Europea a armonizar las condiciones de los contratos de las hipotecas y los procedimientos de liquidación de deudas de cara a mejorar la protección de todos los consumidores europeos, teniendo en cuenta la posibilidad de introducir la dación en pago.
También, aprobó que Bruselas «emprenda campañas de información sobre los productos financieros y que refuerce los conocimientos en materia financiera con medidas de formación».
Igualmente consideró necesario que la Comisión comparta las mejores prácticas para reforzar la protección de los ciudadanos en situaciones de dificultad económica, ya que «una formación financiera básica debería considerarse un valor complementario para evitar las consecuencias de un endeudamiento excesivo».
Por lo que se refiere al caso de la venta a clientes minoristas de participaciones preferentes, el Parlamento insta a la Comisión a supervisar «la correcta transposición y aplicación de la legislación de la Unión Europea por parte de España en el ámbito de los instrumentos financieros», y a «verificar las quejas recibidas y llevar a cabo las investigaciones necesarias».
El texto también apunta que 700.000 españoles han sido víctimas de fraude financiero.
La Eurocámara instó a la Comisión a presentar una propuesta legislativa sobre la insolvencia de las familias, pero rechazó la apertura de segundas oportunidades para particulares y hogares.
En el debate sobre este dossier que se celebró en el pleno el lunes, la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, aseguró ante los eurodiputados que la Comisión continúa evaluando las respuestas remitidas por España sobre su cumplimiento con las leyes europeas sobre hipotecas, y que actuará en el caso de que se consideren «insatisfactorias».