El vicepresidente Ejecutivo de Venezuela, Jorge Arreaza, informó este miércoles que los equipos de la Superintendencia de Precios Justos han realizado hasta la fecha 2.843 inspecciones a comercios en el país como parte de la segunda fase de la ofensiva económica.
Durante una jornada de fiscalizaciones realizadas en varios establecimientos de Venezuela, Arreaza indicó que las jornadas se realizan en cumplimiento de la Ley de Precios Justos la cual permitirá que la “formación de precios se haga de manera justa y la creación del precio se corresponda con el costo de producción”.
Señaló que de la referida cifra, un total de «1.003 inspecciones de precios se han hecho en el sector alimentos, en actividades de venta de comercio general 468 y el sector automotriz 225 inspecciones».
CASO CONCESIONARIO LA VENEZOLANA
Arreaza informó que el concesionario La Venezolana, que fue ocupado por el Estado por presunta estafa a miles de personas, no contaba con los permisos de importación de vehículos emitido por el Ministerio del Poder Popular para Comercio. «Esta empresa andaba de manera irregular montando un negocio irrealizable y fuera del marco de la Ley”.
«A quien haya que devolverle el dinero que éste grupo privado les quitó de manera irregular, se les va a reintegrar”, dijo Arreaza y anunció que se abrirá un procedimiento especial para entregarle a las personas que están en lista de espera, los vehículos del concesionario que llegaron al país sin haber cumplido con los parámetros de la ley.
Con relación al caso, el jefe nacional del Órgano Superior de Economía, Hebert García Plaza, destacó que el Ministerio Público ha atendido más de 2 mil personas afectadas por el concesionario.
Anunció que el presidente Nicolás Maduro ordenó atender de manera inmediata a los afectados y el concesionario será intervenido por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio.
Agregó que esa acción permitirá «dar una respuesta a los afectados, bien sea para la devolución del dinero o entregar algunos de los vehículos que pudiesen haber llegado al país y/o favorecer con la entrega de vehículos que se producen en Venezuela».
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