El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) tiene contabilizadas hasta la fecha cerca de 140 mil denuncias por estafas inmobiliarias, manifestó el presidente del organismo, Augusto Montiel.
Después de las actuaciones gubernamentales la intensidad de las denuncias fue bajando. Hoy se cumple un año de la decisión de ocupación de inmuebles dictada por el Gobierno Bolivariano, en la que el instituto tuvo un papel decisivo), recordó.
El servidor público formó parte de ese gran movimiento de ciudadanas y ciudadanos en contra de las estafas inmobiliarias que tuvo como momento crucial el decreto presidencial que ordenó la ocupación temporal y la expropiación de 57 urbanismos en el país.
Las empresas promotoras, las constructoras y las inmobiliarias cometieron todo tipo de arbitrariedades que provocó una gran movilización de las 24.600 familias afectadas. Pero no fueron las únicas perjudicadas.
Montiel reveló que se les reembolsó el dinero ilegalmente cobrado a cerca de 10 mil personas y a otras cinco mil se les entregó las casas que tenían retenidas las constructoras hasta tanto no cancelaran la diferencia de precio.
“Cerca de 15 mil también fueron fue beneficiadas por la actuación del Estado. Para lograr esto tuvimos que acudir al Tribunal Supremo de Justicia para buscarle una solución legal a estos pasos y poderles transferir su propiedad que pertenecía formalmente a unos prófugos de la justicia. Casos que los resolvimos a través delas juntas administradoras”, explicó el titular del organismo.
No todos los urbanismos tienen juntas administradoras, hay desarrollos que solo tiene prohibición de enajenar y gravar para que los promotores no las pudieran vender a terceros y de esta manera proteger a sus legítimos propietarios: los compradores.
“La situación de los inmuebles es variada. A algunos les falta poco, otros están apenas comenzados, también hay casos en los que no se ha puesto ni un ladrillo. En el sector público también se encontraron casos de organismos, principalmente el Ipasme, que contrataron a empresas privadas que no cumplieron”, agregó.
Hasta el segundo semestre de este año se había protocolizado más de nueve mil viviendas, es decir, se les entregó la propiedad de los inmuebles y al final de año deben llegar a más de 11 mil.
Respecto a las quejas sobre el avance de las obras, Montiel aclaró que la culpa no se le puede endilgar a
las juntas administradoras. “Por qué no se termina El Encantado o San José del Ávila, por ejemplo. Los bancos dicen que el problema es que los responsables no se ponen de acuerdo,. Nosotros hacemos presión para que se resuelvan los inconvenientes. Muchos quieren que se les resuelva en seis meses, lo que no pudieron lograr en cuatro años”.
LO VOLVERÍA A HACER
La realizar un balance después de doce meses del Decreto Presidencial, Montiel asegura que la organización es fundamental para la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía. También fue importante el acta convenio con los bancos para terminar los desarrollos que habían financiados, de lo contrario no se hubieran podido culminar porque el Estado no disponía de recursos presupuestarios para tal fin.
Los más importante fue detener la extorsión que tenían con la familia venezolana. “Volvería a tomar las mismas decisiones. Encaramos la problemática penal, política y económicamente”, enfatizó el servidor público.
Muchos quisieron utilizar el problema políticamente, dijo al recordar que El Encantado perteneció a los Plas Castillo Casado que son los fundadores de la empresa Súmate. “Ellos son socios del actual diputado a la Asamblea Nacional, Eduardo Gómez Sigala. El hijo de él esta casado con la hija de los Azpúrua, uno de los más grandes estafadores inmobiliarios”, sentenció.
El entramado de intereses económico es insondable, reconoció Montiel. La cadena de relacionados entre poderosos económicos es larga. “Los hermanos de Capriles Radonski están casados con los Azpúrua y los Gómez Sigala. La complicidad involucra a muchos. Son unos irresponsables e incumplidores ante la sociedad. Son explotadores y especuladores. Lo que les interesa es su beneficio”, asintió Montiel.
“El caso de las estafas inmobiliarias fue una de la más duras derrotas políticas de los poderosos económicos y sus cómplices mediáticos, Globovisión y Teodoro Petkoff. Cuando se divulgó el estafagrama urbanístico, ellos despreciaron al pueblo, lo insultaron. Fueron tan brutos que no se dieron cuenta que estaban actuando contra su propia gente: la clase media”, resaltó el titular del Indepabis.
Esos hechos sacudieron la conciencia de la clase media venezolana y, en su criterio, provocó que muchas familias se pusieran del lado de las medidas dictadas por el presidente Chávez para defender la propiedad de las familias venezolana.
No desconoce que existen problemas por resolver, pero aseguró que están trabajado para darle respuesta, desde financiamiento para terminar los desarrollos, hasta la dotación de los inmuebles. Aseguró que los edificios de San José del Ávila estarán terminados antes de diciembre.
ACCIÓN COORDINADA
El decreto presidencial del 30 de octubre fue un acto de derecho y de justicia con las familias afectadas. El presiente de Indepabis lo calificó de una gran cruzada en un terreno no conocido que permitió poner las instituciones públicas en línea para defender los derechos del pueblo.
El Estado asumió la culminación de algunos de esos edificios inconclusos, mientras que en el campo legal se iniciaron procedimientos en contra de los responsables de los fraudes.
El vicepresidente Jaua, Richard Canán, Nicolás Maduro y todos los poderes del Estado trabajaron para llevar adelante la política pública establecida por el presidente Chávez. “Fue una acción coordinada entre muchas instituciones del Estado”, consideró el jefe del Indeoabis.
En el desenlace de este proceso, Montiel considera que el seis de mayo de 2011 fue muy importante para el avance de ese proceso, cuando los bancos firmaron con el Ejecutivo el acta convenio que los obligaba a culminar los desarrollos habitacionales que había financiado.
El acta convenio estableció que la problemática atenta contra miles de familias, es de carácter nacional y corresponde “a un modus operanti contra la economía del país, inscrita en una estrategia de desestabilización política y económica”.
“Nosotros le comprobamos que eran responsables, por negligencia e irresponsabilidad, por los ilícitos que habían cometido los dueños de esos proyectos. Le entregaron a los constructores todo ese dinero de los ahorristas, sin control ni valuaciones. Algunos se lo embolsillaron y después se dieron a la fuga”, recordó el titular del instituto.
Los banqueros debieron de disponer de recursos para terminar los edificios, en algunas desarrollos en los que no estaban involucrados los bancos, la culminación quedó en manos el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, pero la atención de las familias, en todos los casos, sigue recayendo sobre el Indepabis porque es parte de sus competencias legales, aclaró Montiel.
METIÉNDOLE PRESIÓN
La reunión en la mezzanina tres del Indepbais en la que participaron voceras y voceros de esos desarrollos inmobiliarios, fue crucial para llevar adelante el rescate de las viviendas de más de 25 mil familias. A ese encuentro asistieron el ministro del Poder Popular para el Comercio, Richard Canan, la anterior titular del instituto, Aura Rosa Hernández, y el vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua.
Montiel aseguró que fue convidado de última hora a esa reunión. “Como diputado a la Asamblea Nacional empujamos la organización social en defensa de los derechos de los afectados. Nuestro Comandante nos dijo: ‘métanle presión a las instituciones, ellas no funcionan si no tienen el fervor del pueblo’”, recordó el entonces parlamentario.
Cobros extra mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), reajustes y cambios de contratos con nuevos costos de los inmuebles y cuotas adicionales, incumplimiento de contrato, promotores que recibieron dinero y después no cumplieron con la construcción de las viviendas, formaron parte del menú de estafas que fueron denunciados por los afectados.
“A esos estafadores los agarramos por sorpresa, no se imaginaron la respuesta contundente del presidente Chávez. Cayeron muchos peces gordos. Fue un campo nuevo para nosotros y tuvimos que ir aprendiendo en la medida que ibas actuando y descubriendo ese tinglado de corruptelas y complicidades”.
EN DEFENSA DEL DÉBIL ECONÓMICO
Augusto Montiel está convencido que el poder económico corrompe a los servidores públicos, pero desde el Indepabis no baja la guardia en su empeño por fortalecer una cultura institucional dispuesta para servir a la familia venezolana.
El poderoso económico recurre a los atajos para que la ley no se cumpla y se desvíen los procedimientos. “”Nosotros tomamos partido por los débiles. Hemos desempolvado casos de 2004 y atendemos nuevas áreas de sectores de la economía en las que no se atacaba la especulación”.
“Estamos dando respuestas a todos los sectores de la sociedad, por eso la institución está cimentando en el colectivo un sentimiento de protección. Incluso de la clase media, que es la que más reclama, hemos recibido una opinión favorable sobre la gestión”, asienta el servidor público orgulloso de la labor que ha desarrollado durante ocho meses al frente de la institución.
“Inspira respecto, proyecta responsabilidad, confianza, y proyecta ascendencia social. Solucionamos problemas en función de los intereses de la ciudadanía”, son algunas de los calificativos expresados por la gente.
Pocos han sido los reclamos de las ciudadanas y ciudadanos en contra de la labor de la institución, porque saben que sus actuaciones las benefician. Según su titular, el Indepabis integra a las venezolanas y los venezolanos. Esto no ha sido producto de la casualidad, sino de una gestión. Su visión es que se están dando las cosas que se han planificado.
OJO PELAO CON FARMATODO
La labor del instituto va más allá de la supervisión y las actuaciones en contra de la empresas infractoras. “Mantenemos una estrategia se seguimiento de las grandes cadenas. Aplicamos un monitoreo constante para conocer sus actuaciones y las posibles infracciones que cometen. Buscamos poner en evidencia sus trampas y que sean las usuarias y usuarios los que ejerzan presión social”, reveló Montiel.
Un ejemplo de esta labor de seguimiento fue la reciente sanción a una conocida cadena de farmacias. Antes de sancionar a Farmatodo el viernes, se le hizo un minucioso seguimiento porque la gente estaba presentando muchas denuncias. Desde cobros por encima del precio del producto que estaba marcado en las estanterías, venta de productos vencidos, ofertas engañosas, hasta doble cobro del IVA (facturaban el precio con el impuesto y además lo reflejaban aparte).
“Ellos se dieron cuenta que la gente los estaba cuestionando y se montaron en una tremenda campaña para lavar su imagen. Hasta montaron toldos que decían ‘Farmotodo con la comunidad’, pero la ciudadanía ya los había pillado en sus acciones especulativas. Por eso se tomó la decisión de sancionarlos”, asestó Montiel.
“El caso de las estafas inmobiliarias fue una de la más duras derrotas políticas de los poderosos económicos y sus cómplices mediáticos, Globovisión y Teodoro Petkoff. Cuando se divulgó el estafagrama urbanístico, ellos despreciaron al pueblo, lo insultaron. Fueron tan brutos que no se dieron cuenta que estaban actuando contra su propia gente: la clase media”