El sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, denunció una presunta red de corrupción en el Instituto Nacional de Migración (INM) que afecta a migrantes cubanos detenidos en las estaciones migratorias, quienes, dijo, se han convertido «en un botín. Son tierra de nadie».
Destacó que en las estaciones migratorias de la Agujas, Acayucan, Iztapalapa y Siglo XXI se presentan presuntos casos de extorsión a familiares de los migrantes cubanos detenidos, quienes deben pagar entre 3 mil 500 a 5 mil dólares, en las que participan, de acuerdo con denuncias recabadas por los defensores de derechos humanos, personal del propio INM y abogados.
Enfatizó que en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto se incrementó en un «200 por ciento los casos de abuso y violación de los derechos humanos de los migrantes», y destacó que el tráfico de órganos, que presuntamente operan bandas del crimen organizado en el norte del país, «se sigue agudizando y afecta principalmente a migrantes de origen centroamericano».
En conferencia de prensa, Alberto Donis, integrante del albergue, denunció que en cuatro años han recibido 900 denuncias de cubanos que han sufrido hostigamientos, amenazas y extorsión. De ellos, explicó, en cien casos se lograron reunir las pruebas necesarias para presentar una denuncia formal.
Agregó que ante la Procuraduría General de la República (PGR) se presentaron 15 denuncias penales contra funcionarios del INM y particulares, que están en investigación, mientras que en otros dos casos, indicó, «están por consignar» a los presuntos responsables.