Más de 120 denuncias, colectivas e individuales, ha recogido la sala situacional contra la estafa inmobiliaria instalada en el Consejo Legislativo del estado Yaracuy (CLEY). Los reclamos involucran principalmente a seis urbanismos y las acusaciones más comunes contra de las empresas constructoras son por incumplimiento de contrato, oferta engañosa, cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y retardo en la entrega de las viviendas.
Los urbanismos en los que se han presentado las irregularidades denunciadas son: Yukarai, Prados del Norte, Iracoy, El Valle, la Organización Comunitaria de Viviendas (OCV) Unidos por Nuestra Vivienda y la OCV Urachiche.
El vicepresidente del CLEY, Ángel Gamarra, comentó que el caso más grave es el del urbanismo Iracoy, ubicado en el municipio San Felipe, pues en 1991 debía concretarse la entrega de estas propiedades familiares, pero esto no ocurrió. En la actualidad -precisó- el conjunto está ocupado por familias que no son sus beneficiarias originales.
Gamarra resaltó también el caso de la OCV Unidos Por Nuestra Vivienda, proyecto habitacional de la empresa Provaferca, que luego de estafar a 131 familias se fue del Yaracuy y dejó el terreno hipotecado, aunque las tierras son de la comunidad.
“La empresa debía entregar 131 casas, pero sólo construyó 40, que se encuentran en mal estado”, agregó.
Otra de las estafas que se conoció en la Sala Situacional, es la de empresa Milenium 3.000, la cual cobró 23.000 bolívares para la reserva de la parcela en el año 2008 y hasta la fecha, no han realizado la primera casa.
Gamarra exhortó a las víctimas de las estafas inmobiliarias para que denuncien sus casos en la Sala Situacional del CLEY. “Las denuncias individuales son remitidas al Indepabis y a la Fiscalía 5ta del Ministerio Público, organismos que investigarán los fraudes para aplicar las sanciones y penas respectivas” explicó.
TOWNHOUSE SAN ANTONIO
A una semana de la instalación de la junta interventora de los Townhouse urbanización San Antonio, ubicada en el municipio San Felipe, ya se han detectado nueve casos de doble venta.
La información la suministró el coordinador de articulación social del Ministerio de la Vivienda en Yaracuy, Jesús Arteaga, quien explicó que la primera fase comprende un diagnóstico legal, administrativo y técnico del conjunto residencial.
“Hay siete casos de doble venta en la primera etapa del urbanismo y dos en la segunda”, dijo y aseguró que la constructora Siete 13, responsable de la obra estaba vendiendo propiedades familiares de una tercera etapa que no existe.
Arteaga destacó que se encuentran evaluando la disponibilidad de casas dentro del urbanismo, a fin de adjudicárselas a las familias que ya cancelaron las “casas fantasmas” de la tercera etapa.
“Cada día llegan más denuncias que debemos analizar, lo cierto es que debemos dar respuesta a esas personas que ya pagaron por la propiedad”, puntualizó.
APOYO A LA CLASE MEDIA
El diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Braulio Álvarez, aseguró que la intervención del Estado busca proteger a las familias estafadas de la clase media.
“Estas empresas primero fijaban un precio a las propiedades y luego iban incrementando el costo inicial” expresó.
Álvarez informó que muchos de lo terrenos donde se construyen estos urbanismos fueron donados por los municipios, y aclaró que ninguna persona fuera de los propietarios tendrá casa.
Asimismo, planteó que se realice un arqueo financiero, con el objeto de determinar cómo estas empresas obtenían dinero de los bancos mostrando como proyecto fotos de urbanismos en marcha, distintos a los que se suponía que iban a desarrollar.