En 1975, cuando se promulga la ley de nacionalización petrolera, que entra en ejecución el 1 de enero de 1976, el presidente Carlos Andrés Pérez había pactado dos acuerdos con las transnacionales:
1) pagarles una impresionante indemnización, lo que no estaba contemplado en la ley de petróleo de 1943, que estipulaba la reversión de la industria a los 40 años de promulgado el instrumento jurídico sin compensación alguna.
2) Colocar en los cargos de dirección de la industria recién creada a los antiguos gerentes de las transnacionales, dando nacimiento a la meritocracia petrolera.
La meritocracia es una máquina bien aceitada compuesta por personas de alta calificación al servicio de los intereses estadounidenses y de las grandes corporaciones transnacionales, derrotada durante el paro petrolero de 2002-2003, pero que ha regresado en cierta proporción y mediante diferentes mecanismos a la empresa.
Las grandes transnacionales requieren tomar el control de las reservas petroleras de Pdvsa, la compañía que mas tiene en el mundo, para solucionar su problema de agotamiento, por eso la guerra no convencional contra el Gobierno Bolivariano, fomentando la corrupción para tratar de justificar un proceso de privatización con la supuesta llegada de la oposición títere de los intereses extranjeros.
La transformación de la industria petrolera nacional en una corporación socialista permitirá elevar ostensiblemente los niveles de transparencia mediante la visión colectiva en la toma de decisiones, para evitar que mediante la corrupción los intereses extranjeros atenten contra la estabilidad de la industria.
El otro gran enemigo para la meritocracia y la oposición títere venezolana es la OPEP, por encargo estadounidense, dado que las transnacionales, aun beneficiándose de la subida en los precios del barril, quieren controlar el mercado como era antes de la creación de la exitosa institución.