Incidentes violentos ocurrieron este jueves en Francia durante las manifestaciones contra el polémico proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno.
En la capital gala, durante una marcha convocada por organizaciones de jóvenes y de estudiantes, se registraron enfrentamientos entre movilizados y miembros de fuerzas del orden, que usaron gases lacrimógenos.
Tres manifestantes fueron detenidos y dos policías resultaron ligeramente heridos, según fuentes policiales.
Unas 80 acciones están previstas este jueves en todo el país para exigir la retirada definitiva del mencionado plan.
El gobierno presentó el pasado día 14 una nueva versión del proyecto, la cual elimina el establecimiento de un tope a las indemnizaciones por despido improcedente, sustituido por «un baremo indicativo» que servirá de referencia.
También prevé que la justicia laboral tenga más margen para interpretar la situación económica de una empresa que quiere despedir a trabajadores. El texto inicial buscaba facilitar los despidos por motivos económicos.
Las pequeñas y medianas empresas no podrán modular de manera unilateral el tiempo de trabajo, como estaba previsto en la primera versión. Para hacerlo se necesitará un acuerdo colectivo, sin el cual se seguirá aplicando el derecho actual, según lo expuesto por el primer ministro Manuel Valls.
Los dos principales sindicatos del país, la Confederación General del Trabajo y Fuerza Obrera, mantuvieron su demanda de retirar el proyecto que debe ser presentado el venidero día 24 en el Consejo de Ministros.
En tal sentido, argumentaron que el texto mantiene la definición de dificultades económicas en las que puede basarse una empresa para ejecutar despidos colectivos: dos trimestres consecutivos de pérdidas o descenso de ventas durante cuatro trimestres.
También las organizaciones estudiantiles defienden sus planes de movilizaciones en las próximas semanas.
El Partido Comunista Francés expresó mediante un comunicado que la lógica del texto, que organiza la precariedad, facilita los despidos llamados económicos y ataca la duración del tiempo de trabajo, es la misma: debilita a los empleados.
El Partido abogó por retomar las negociaciones sobre nuevas bases en aras de un código de trabajo que responda a las necesidades de seguridad real de los profesionales y que ataque realmente al «cáncer del desempleo».
Por su parte, los sindicatos llamados «reformistas» opinaron que «los cambios expuestos por Valls van en el buen sentido».