Recientes reportes de organismos internacionales dan cuenta del incremento del desempleo juvenil y el trabajo informal en América Latina.
También hay documentos que revelan cómo millones de personas llegan a la edad de la jubilación y no cuentan con fondos de retiro individuales o cotizaciones suficientes en el seguro social.
En el caso venezolano hay demasiadas evidencias para preocuparse por el destino de los jóvenes y de los adultos mayores.
Los jóvenes andan en la búsqueda de un ingreso superior a los que ofrece el mercado de trabajo. Han pasado años de estudio en la primaria, secundaria, técnica o universitaria y los salarios que les ofrecen en el sector público o privado apenas son de dos salarios mínimos y el bono de alimentación.
En cualquier momento abandonan la actividad formal y se convierten en taxistas o pequeños comerciantes. Al dar ese paso pierden la protección que le brinda el seguro social, la política habitacional, pero lo principal es el ingreso diario que les permita enfrentar el alto costo de la vida.
La perspectiva es que en algunos años, el Estado tendrá que soportar la carga de quienes envejecen y no han contribuido a la seguridad social, por tanto, tiene que ampararlos con pensiones no contributivas o acciones excepcionales de protección social.
Quienes alcanzaron la edad de 55 años la mujer y 60 años el hombre, cuya historia laboral ha sido de inestabilidad en el empleo, trabajo por cuenta propia, empresas y organismos del Estado desaparecidos, se encuentran en la situación de vivir a expensas de los hijos o engancharse en una Misión dirigida a sectores vulnerables de la población, como la Misión Amor Mayor y Hogares de la Patria.
¡Hay que pensar en el futuro!