Un total de 6 mil 700 denuncias de personas que han sido estafadas por diferentes constructoras de urbanizaciones privadas en todo el país, han sido procesadas por el Instituto para la Defensa de Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), luego que el Gobierno Nacional ordenara la expropiación de 5 urbanismos y la ocupación temporal de otros 8.
La presidenta de dicho organismo, Aura Rosa Hernández, informó en declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión, que las salas situacionales han jugado un papel muy importante, dado que ha sido el mecanismo para la atención a la denuncias por parte de las familias que se han visto afectadas por esta situación.
En este sentido, como un mecanismo simultáneo a las respuestas que ha venido ofreciendo el Estado venezolano en relación a este tema, se propuso la instalación de mesas técnicas para atender a las familias que han visto vulnerados sus derechos a tener una vivienda digna.
Destacó la funcionaria que tras las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional, a los fines de evitar que continúe incrementándose el número de familias víctimas de estafas inmobiliarias, cada vez son más las personas que solicitan la intervención del Indepabis.
El número de denuncias que inicialmente oscilaba entre mil 650 y mil 700, han ido aumentando a 6 mil 700, debido a las constantes violaciones por parte de las constructoras con el cobro indebido del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y la firma de nuevos contratos con aumentos exorbitantes, detalló.
Por otra parte, indicó que el Indepabis registra más de 700 solicitudes, las cuales tienen previsto llevar a un feliz término para efectuar la protocolización e iniciar los trámites de créditos ante las instituciones financieras del Estado.
Hasta la fecha se han protocolizado más de 340 viviendas, que eran retenidas en represalia por las empresas constructoras, cuando la familias se negaban a cancelar incrementos injustificados.
Hernández resaltó que las acciones emprendidas por el Estado buscan asegurar el derecho a la propiedad privada de cada una de los familias afectadas y no como han querido hacer ver los medios de comunicación privados que el Estado, en un acción arbitraria, iba a expropiar las viviendas para eliminar la propiedad privada.