Como parte de la política de lucha contra la estafa inmobiliaria que adelanta el Gobierno Bolivariano, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios instaló en Maracaibo una sala situacional para atender las denuncias de las ciudadanas y los ciudadanos de la región que han sido afectados por la corrupción e ineficiencia de las empresas constructoras de viviendas.
Así lo anunció la directora del Indepabis Zulia, Mirelys Egurrola, desde la sede del Comando Regional 3 de la Guardia Nacional (CORE 3), donde comenzó a operar de manera permanente la sala situacional.
Egurrola informó que tres asesores jurídicos del Indepabis-Caracas, en coordinación con los funcionarios zulianos, atenderán de miércoles a viernes, en horario de oficina, todos los casos relacionados con el cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC), prohibido por la resolución 110 emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Viviendas.
El coordinador nacional de la sala situacional, Ramón Sivira, informó que las comisiones se han instalado en los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Nueva Esparta y Miranda.
Durante el primer día de atención, la sala zuliana tramitó las primeras 100 denuncias. Todo gravamen o aumento producto de la inflación, como el IPC, “está prohibido”, recordó la directora del Indepabis.
Pero alertó que otro modus operandi es el de aplicar el denominado “Hecho Príncipe”, que significa la modificación del contrato inicial de compra-venta o la redacción de un contrato nuevo para cobrar gravámenes no estipulados en la ley.
En lo que va de 2010 la sede regional del instituto de defensa al consumidor ha recibido 72 denuncias por el cobro del IPC. La próxima semana, las autoridades ofrecerán detalles de las quejas formalizadas entre 2009 y 2010.
RETRASOS Y ABANDONOS
La sala situacional también resolverá los casos de construcciones atrasadas desde el año 2006. En el estado hay viviendas que tienen de dos a tres años paralizadas, aclaró la directora del Indepabis.
Egurrola añadió que los constructores privados no le dan respuesta a las familias que compraron; por el contrario, aumentan entre 10.000, 15.000 y 30.000 bolívares el costo inicial de la vivienda y amenazan a la gente con dejarla sin casas.
El ciudadano Justo Rey es padre de ocho adolescentes. El pasado miércoles asistió al CORE 3 para denunciar un caso de retraso y abandono de obra. “Pagué una inicial de 38.000 bolívares a la empresa Desarrollo Consolidado, para tener un apartamento en El Naranjal (sector La Rotaria); luego de un año, sigo esperando”.
OTRAS DENUNCIAS
La Oficina Parlamentaria del Zulia también ha atendido las denuncias de las familias estafadas por el cobro ilegal del IPC y por el retraso en la construcción de viviendas en el estado.
El concejal Nelson Cánquiz, quien trabaja con el diputado Rafic Souki en los casos de estafa inmobiliaria, recordó que hasta septiembre pasado habían resuelto 250 casos relacionados con el IPC.
Actualmente asesora a 200 docentes que compraron viviendas a la constructora Incopreca, en la Costa Oriental del Lago (COL).
Incopreca ha intentado aumentar el costo de la vivienda, señaló Cánquiz, con el cobro adicional de 9 mil bolívares.
Greilys Farías es una de las afectadas de la COL, y dio su testimonio: “En marzo pasado firmamos el contrato con Incopreca para una vivienda en Villa Santa Rita, en la COL. A los seis meses fuimos para Caracas para reunirnos con el Ipasme (institución que otorgaba el crédito); dijeron que nos darían el préstamo pero Incopreca nos exigió el pago de 9 mil bolívares adicionales. Hicimos la denuncia ante el Indepabis, pero otras personas identificadas como damnificados de San Francisco ocupan nuestras viviendas”, declaró la ciudadana, en el CORE 3.
La constructora Desarrollo Inmobiliario del Sur (Desurca) es otra de las empresas denunciadas ante la Oficina Parlamentaria del Zulia por afectar a 60 familias del municipio San Francisco al intentar cobrarles el IPC.