La fuerza revolucionaria originaria de la región Guayana y los 19 pueblos indígenas que habitan en el estado Bolívar, condenan el embargo económico impuesto el pasado 5 de agosto por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.
“Esta nueva escalada en la política ilegal de aplicación de medidas coercitivas unilaterales de la Casa Blanca contra el país, son una nueva violación a los principios básicos del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas”, señaló el líder de la juventud indígena del estado Bolívar y miembro de la las fuerzas revolucionarias de la región Guayana, Pedro Requena.
Indicó que los pueblos indígenas de la región Guayana expresan su más firme condena al embargo económico anunciado por Donald Trump. Aseguró que la nueva medida coercitiva y unilateral tiene como fin asfixiar a la economía venezolana, violando el derecho de acceso a la salud y a la alimentación del pueblo de Venezuela y “busca generar situaciones de desestabilización política en alianza con factores políticos de la derecha venezolana”.
Requena, quien es abogado, explicó “ que no se trata de sanciones personales, “aquí no se está perjudicando a una persona, sino al pueblo en general, y perjudica tanto a chavistas como a opositores”.
Refirió que los pueblos indígenas de Guayana exigen al Gobierno de Estados Unidos respetar los principios básicos del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y derogue todas las sanciones unilaterales que ha establecido contra el pueblo soberano de Venezuela.
Una violación del derecho internacional
El pueblo venezolano está claro -dijo- que este bloqueo naval pretende que Venezuela no negocie con otros países, y eso es una violación al derecho internacional, lo que quiere decir que estamos frente a un golpe jurídico internacional.
El líder de la juventud de la tolda roja, alerta a la comunidad nacional e internacional sobre esta nueva escalada de agresiones al pueblo de Venezuela por parte del Gobierno de Estados Unidos, y reitera su total apoyo al Gobierno de Venezuela, a su Presidente legítimo y constitucional en la defensa de su soberanía e independencia.