La Procuraduría de Brasil informó este miércoles que inició una investigación tras la denuncia emitida por indígenas guaraníes del centro-oeste del territorio sobre el presunto envenenamiento de su principal fuente de agua por parte de agricultores blancos que pelean con los nativos por la propiedad de la tierra.
La denuncia se conoció a través de un comunicado de la ONG Survival International que detalló que los guaraníes de la comunidad de Ypo’i, cerca de 500 kilómetros de Campo Grande, la capital del estado de Mato Grosso do Sul, filmaron a través de un teléfono celular como la contaminación en forma de una gran espuma blanca se extendía por gran parte de la fuente de agua donde se encuentran acampando en la región de Paranhos.
«Los niños estaban bañándose cuando vieron la espuma blanca (…) Seguimos el curso de agua hasta la estancia, donde vimos dos contenedores» con sustancias químicas, detallaron los indígenas, quienes estiman que se trata «de un acto deliberado y no de un accidente».
Ante esto, el Ministerio Público Federal en el estado de Mato Grosso do Sul solicitó a la Policía Federal que abra una investigación para determinar la veracidad de las denuncias y que se envíe «con urgencia» profesionales a para que se estudie la condición sanitaria de las aguas.
«Esas imágenes y las denuncias de los líderes indígenas fueron enviados a la Policía Federal para que sirvan como base de la investigación. El objetivo es establecer si ocurrió o no la contaminación e identificar a los responsables», especifica un comunicado del Ministerio.
El ente explicó en la nota que si estas denuncias llegan a confirmarse, los responsables podrían enfrentar penas de hasta 15 años de cárcel por los delitos de envenenamiento y contaminación de agua potable.
El sospechoso de la contaminación es el terrateniente Firmino Escobar, cuyas tierras están siendo ocupadas por los guaraníes desde 2010, quienes afirman que estos terrenos son parte de su territorio ancestral.
Poco después de la ocupación, Escobar cortó todo acceso al agua, alimentos y cuidados médicos, sin embargo, un tribunal dio luz verde a los indígenas para que permanecieran en una pequeña parcela hasta que las autoridades delimiten su territorio, para lo que hay plazo hasta el 2013.
Sobre el caso, el director de Survival International, Stephen Corry, declaró que «los guaraníes pagan el costo desde hace demasiado tiempo de una campaña de miedo malintenciondada y continua para dejarlos sin la tierra que les pertenece de manera legítima».
«Los responsables de este último acto cruel y perverso deberían responder ante la justicia. El gobierno federal debe exhortar a la policía local a realizar una investigación minuciosa e imparcial», afirmó.