En las décadas de 1970, 1980 y 1990, el jesuita Alfonso Pedrajas abusó de al menos 85 menores de edad en situación de vulnerabilidad que estaban bajo su custodia en hogares de la región andina. Dos sacerdotes supuestamente conocían está situación, pero callaron y tienen prisión domiciliaria por encubrirlo. Pero, ¿hay más religiosos implicados?
En 2009 falleció el sacerdote español Alfonso Pedrajas Moreno, luego de una vida de servicio en instituciones religiosas de América Latina. Dejó un diario de casi 400 páginas con sus anotaciones, en las cuales relata con precisión los múltiples abusos cometidos a niños que recibían atención en hogares de acogida. En 2021 este documento llegó a su sobrino Fernando, quien lo denunció en varias instancias.
En 2023 el diario El País, de España, destapó el caso y forzó a la Compañía de Jesús, la institución jesuita para la cual trabajaba Pedrajas, a pronunciarse públicamente para asegurar que desconocían de estas actividades ilegales del sacerdote fallecido. Pero las anotaciones que dejó Pedrajas dicen lo contrario: varios religiosos sabían de los abusos pero optaron por callar.
En Bolivia, nueve curas jesuitas fueron procesados por encubrir estos delitos, que habrían afectado a al menos 85 niños.
Este 28 de marzo el Juzgado de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Nº. 1 de Coña Coña, en Cochabamba, determinó la detención domiciliaria para Marcos Recolons, de 81 años, y Ramón Alaix, de 83, acusados de encubrir los abusos sexuales de Pedrajas.
La diputada Pamela Terrazas intervino desde que se conocieron las denuncias para contactar a las víctimas y dar seguimiento al proceso judicial. «Ambos fueron provinciales (es decir directivos) jesuitas, por lo cual tenían pleno conocimiento de los hechos. La Fiscalía solicitó la ampliación de las medidas cautelares contra estos dos acusados», dijo a Sputnik.
Para la diputada es importante dar seguimiento al proceso, al tratarse de una de las instituciones más grandes y poderosas del mundo, la Iglesia católica.
«Después de todos los argumentos que ha presentado el Ministerio Público, se ha verificado que ellos son culpables del delito de encubrimiento. Indicaron que existe riesgo de fuga, por eso han determinado dar arraigo y detención domiciliaria, con ciertos permisos por ser de la tercera edad», dijo.
Terrazas consideró que la medida del juzgado representa «un avance, pero todavía no es suficiente. Han escogido para juzgar a dos ancianos, a los cuales no se puede obligar a estar en una penitenciaría».
Según la diputada hay más personas vinculadas a estos delitos. Para determinarlo es fundamental la conformación de una Comisión de la Verdad, «como se había comprometido el Gobierno nacional para investigar este tema. Se debe dar algo de tranquilidad a las víctimas».
No es cuestión de fe
La diputada, del Movimiento Al Socialismo (MAS), comentó que recibió presiones de algunos sacerdotes. «Nos han tratado de manipular porque han pensado que queríamos ir contra la fe. Yo soy católica, creo en Dios, pero no por eso voy a permitir que un sacerdote cometa estos vejámenes a tantos niños inocentes, en situación vulnerable».
La Compañía de Jesús sostiene que los abusos cometidos por el Padre «Pica», como lo apodaron, fueron a título personal, sin que se pueda vincular a la institución religiosa con ello.
«Ellos [la Compañía de Jesús] deberían pagar resarcimiento a las víctimas porque hubo encubrimiento. Hacen pensar a las personas que con esta investigación se está yendo contra la fe, cuando en realidad mucha gente ha perdido la fe por todo lo que los pedófilos han hecho», dijo la diputada.
El apoyo de las mujeres
Fátima Terrazas Navarro es presidenta del colectivo Mujeres de Fuego, que también da seguimiento a este caso. Dijo a Sputnik: «No entendemos la razón para que tengan el beneficio del arresto domiciliario, habiendo cometido semejantes delitos durante tantos años. Hay que ver de qué lado está la justicia boliviana, es deplorable».
Para la presidenta del colectivo, no es un argumento válido la avanzada edad de los sacerdotes porque «a diario vemos a mayores a 80 años que abusan a sus nietitas y niños de la calle. Es una falta de consideración a la sociedad dejar en libertad a estas personas, así sea con medidas sustitutivas. Han dañado a muchas personas por años».
En su experiencia, «los agresores sexuales no tienen solución, por más que estén 50 años en la penitenciaría».