El informe de Alfred-Maurice de Zayas, profesor y experto en derechos humanos y civiles, confirmó la postura del Gobierno venezolano sobre las verdaderas causas de la grave crisis y penurias que afectan a la población, derivadas de la imposición de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea y de países vecinos como Colombia. A ello se suman las consecuencias de la guerra económica impulsada por factores internos de poder desde hace 19 años. Zayas concluye, además, que las sanciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el pasado 30 de agosto de 2018, el demorado 
informe presentado por el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas en su visita a Venezuela y Ecuador del 26 de noviembre al 9 de diciembre de 2017.
El informe y el autor, sometido a descalificación en el plano interno por ONG de derecha, se encuentra disponible en la página web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, y en otros portales digitales.
El texto señala de entrada que “el profesor de Zayas fue el primer relator de la ONU en visitar Venezuela desde 1996. También es uno de los pocos relatores que visitó Ecuador recientemente. La misión tuvo como objetivo examinar los modelos sociales y económicos prevalecientes en los países del ALBA a fin de formular propuestas constructivas para mejorar la situación de los derechos humanos y formular recomendaciones pragmáticas sobre cómo resolver las tensiones económicas y políticas. Dirigió la misión de conformidad con los términos de referencia del mandato del orden internacional. Teniendo en cuenta que el experto no es un “súper relator” o un plenipotenciario, su misión no pudo centrarse en las violaciones de la libertad de expresión, la independencia del poder judicial o el derecho de reunión y asociación pacíficas. Sin embargo, el experto recibió y transmitió las peticiones pertinentes a los relatores involucrados y recomendó al Gobierno venezolano que se invite a otros relatores”.
El experto dejó asentado que la razón de ser del Consejo de Derechos Humanos y de los relatores de la ONU es ayudar a todos los pueblos para que hagan valer sus derechos humanos en una libertad más amplia. Su prioridad no era ni podría haber sido “nombrar y avergonzar”, sino más bien escuchar y mediar.
Antes de su visita, el experto independiente estudió los informe relevantes y verificó de nuevo las fuentes. En el desarrollo de su trabajo recibió asistencia profesional del PNUD y se esforzó por reunirse con todas las partes interesadas.
“Se reunió con miembros de la oposición, la Asamblea Nacional, la Cámara de Comercio (Fedecámaras), ONG de oposición y de gobierno, iglesias, diplomáticos, profesores, académicos, estudiantes, familias de detenidos y víctimas de la violencia durante las “guarimbas””, indica la relación.
En contraposición con otros informes levantados por organizaciones caracterizadas por un claro sesgo político contra Venezuela (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), el texto de Zayas contiene una visión de mayor equilibrio, recogiendo la postura de las partes.
“El informe”, se indica “busca las causas de la crisis económica, teniendo en cuenta la prueba presentada por el principal argumento de la oposición de que el modelo socialista ha fallado y que actualmente hay demasiados ideólogos y no suficientes tecnócratas en el Gobierno . El 
experto propone una visión más matizada, observando que entre los múltiples factores que afectan la crisis también se debe considerar 1) la dependencia centenaria de la venta de petróleo y el efecto devastador de la fuerte caída de los precios del petróleo, 2) el efecto acumulativo de 19 años de guerra económica llevada a cabo contra el régimen socialista, comparable a las medidas adoptadas 1970-73 contra el Gobierno de Salvador Allende en Chile y en la década de 1980 contra el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, 3) el bloqueo financiero, comparable al sufrido por Cuba desde 1960, y 4) los efectos de las sanciones económicas impuestas desde 2015, que han agravado enormemente la escasez de alimentos y medicinas, han causado serias demoras en la distribución y han desencadenado el fenómeno de la emigración masiva a los países vecinos”.
Al respecto, el canciller venezolano Jorge Arreaza durante su intervención ante la Comisión de derechos Humanos de la ONU, cuestionó algunas consideraciones de Zayas, recogidas del bando opositor, sobre todo en lo referente al socialismo.
“No firmar”
En el párrafo 34, el experto sostiene que “si bien los embargos de venta de armas pueden justificarse contra algunos países, especialmente para facilitar el diálogo y la paz, las sanciones económicas que afectan a poblaciones inocentes contravienen el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas”. Allí señala que durante décadas los organismos de la ONU han condenado las medidas coercitivas unilaterales.
En el párrafo 35, continúa: “El 23 de marzo de 2018, el Consejo de Derechos Humanos condenó las medidas coercitivas unilaterales por 28 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, porque las sanciones económicas demostrablemente causan la muerte, agravan las crisis económicas y perturban la producción y distribución de alimentos y medicinas, constituyen un factor de empuje que genera emigración y conduce a violaciones de los derechos humanos. La negativa de Colombia a entregar medicamentos contra la malaria que se ordenó para combatir un brote en noviembre de 2017, así como la ausencia de condena por parte de la comunidad internacional implica una responsabilidad conjunta para agravar la crisis. En ese caso, el medicamento contra la malaria tuvo que ser importado de la India”.
En su informe, el experto aboga por una renovación del diálogo entre el Gobierno y oposición, aunque luego se refiere al frustrado encuentro en Santo Domingo, debido a una llamada telefónica desde Colombia con la instrucción “No firmar”.
“Algunos creen que ciertos países no quieren ver una solución pacífica del conflicto venezolano y prefieren prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano , esperando que la situación alcance el umbral de la “crisis humanitaria” y desencadene una intervención militar”, indica.
Maurice de Zayas también se muestra preocupado por el nivel de polarización y desinformación que rodea cada relato relativo a Venezuela.
“Una inquietante campaña mediática busca forzar a los observadores a una visión preconcebida que hay una ‘crisis humanitaria’ en la República Bolivariana de Venezuela. Un experto independiente debe desconfiar de la hipérbole, teniendo en cuenta que la “crisis humanitaria” es un término técnico que puede utilizarse indebidamente como pretexto para la intervención militar… ”, indica en el párrafo 42.
Luego, en el párrafo 43, dice que “la solidaridad internacional con el pueblo venezolano debe facilitar el libre flujo de alimentos y medicinas para aliviar la escasez actual. La ayuda debe ser genuinamente humanitaria y no perseguir propósitos políticos ulteriores…”.
En el párrafo 45 cuestiona el señalamiento que Venezuela viva una crisis humanitaria:
“La “crisis” en la República Bolivariana de Venezuela es una crisis económica, que no puede ser comparada con las crisis humanitarias en Gaza, Yemen, Libia, la República Árabe Siria, Iraq, Haití, Mali, la República Centro Africana, Sudán del Sur, Somalia o Myanmar, entre otros. Es importante cuando en 2017, la República Bolivariana de Venezuela solicitó ayuda médica de Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA/VIH, la tuberculosis y la malaria, la solicitud fue rechazada, porque ‘es todavía un país de altos ingresos… y como tal no es elegible’. Durante su misión, el experto independiente discutió los asuntos de la escasez de comida y medicinas con expertos de la FAO y obtuvo datos pertinentes de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe. El informe de la FAO en diciembre de 2017 y el informe de marzo 2018 enumeran las crisis alimentarias de 37 países. La República Bolivariana no está entre ellos.”
El informe recuerda en el párrafo 29 que la Carta de la ONU se basa en la filosofía del multilateralismo, la cooperación internacional y la igualdad soberana de los estados. Agrega que los países no deben ser aislados y boicoteados, sino que deben ser ayudados para fortalecer sus instituciones democráticas.
Señala que en los últimos 60 años, guerras económicas no convencionales han sido libradas contra Cuba, Chile, Nicaragua, la República Árabe Siria y la República Bolivariana de Venezuela para que sus economías fallen, facilitar el cambio de régimen e imponer un modelo socioeconómico neoliberal…”.
El experto independiente concluye en el párrafo 62 que: “La solución a la crisis venezolana radica en las negociaciones de buena fe entre el Gobierno y la oposición, un fin a la guerra económica y el levantamiento de sanciones.
EEUU al banquillo de la CPI
Los párrafos 36 y 37 abordan aspectos significativos .
El 36 indica: “Los efectos de las sanciones impuestas por los presidentes Obama y Trump y las medidas unilaterales de Canadá y la Unión Europea han agravado directa e indirectamente la escasez de medicamentos como la insulina y los medicamentos antirretrovirales. En la medida en que las sanciones económicas han causado demoras en la distribución y han contribuido a muchas muertes, las sanciones contravienen las obligaciones de derechos humanos de los países que las imponen. Además, las sanciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Una investigación de ese tribunal sería apropiada, pero la sumisión geopolítica de la Corte puede evitar esto”.
En 37 dice: “Las sanciones y los bloqueos económicos modernos son comparables con los asedios medievales de las ciudades con la intención de obligarlos a rendirse. Las sanciones del siglo XXI intentan poner no solo a una ciudad, sino a los países soberanos de rodillas. Una diferencia, quizás, es que las sanciones del siglo XXI van acompañadas de la manipulación de la opinión pública a través de “noticias falsas”, relaciones públicas agresivas y una retórica seudo-humana para dar la impresión de que el “final” de los derechos humanos justifica los medios criminales. No solo hay un orden jurídico horizontal gobernado por la Carta de las Naciones Unidas y los principios de igualdad soberana, sino también un orden mundial vertical que refleja la jerarquía de un sistema geopolítico que vincula a los Estados dominantes con el resto del mundo de acuerdo con los criterios militares y poder económico. Es este último, el sistema geopolítico que genera crímenes geopolíticos, hasta ahora con total impunidad…. Concluye: ” Las sanciones económicas matan”.