El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició este jueves una sesión extraordinaria a solicitud de Colombia para analizar las denuncias sobre la supuesta presencia de miembros de grupos rebeldes en Venezuela hechas por el presidente saliente de la nación neogranadina, Álvaro Uribe.
La convocatoria a esta sesión extraordinaria fue hecha por el nuevo presidente del Consejo Permanente de la OEA, Joaquín Alexander Maza Martelli, tras la renuncia del anterior embajador ecuatoriano, Francisco Proaño.
Al inicio de la reunión, el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, descartó que haya una disputa política y que lo que su gobierno quiere es “cooperación” contra los guerrilleros. «Hay mucha información y muy reciente”, señaló.
Su exposición, según él mismo describió, se basa en tres ponencias. En la primera, mostró los avances en materia de salud, educación y economía por parte del gobierno colombiano, de acuerdo a la visión de sus funcionarios; luego, los “esfuerzos que ha hecho Colombia para luchar contra el narcotráfico”, y a continuación, la exposición de fotografías sobre la captura de diferentes narcotraficantes y guerrilleros colombianos desde el año 2002, hasta el 2007.
Las denuncias que presenta Colombia en la OEA no son nuevas, en el 2005 el Gobierno neogranadino dio a conocer la supuesta ubicación exacta de tres campamentos en Venezuela que pertenecían a grupos subversivos como el ELN y las FARC. No obstante, al llegar a la primera coordenada ofrecida en el informe, identificado como el supuesto campamento de alias Rubén Zamora, lo que encontraron fueron algunos sembradíos de plátano, yuca y maíz, reseñó Telesur.
“Colombia confía en que el gobierno venezolano acepte su obligación de impedir en su territorio la presencia de grupos que no son atacados ni perseguidos como deberían ser», dijo Hoyos al inicio de su disertación que duró más de una hora.Luego hizo un exposición intentando demostrar que Colombia era otra hace 8 años, cuando el presidente Álvaro Uribe inició su gestión.
Afirmó que antes, su país llegó a tener hasta 3 mil secuestros por año y que ahora las cifras han disminuido en un 96%. Asimismo, dijo que el número de muertos ha descendido hasta un 50% y que los atentados terroristas contra municipios colombianos antes era de un 80%, y ahora, de un 0%.
Sin embargo, en Febrero de este año, la agencia AFP señaló que los ex combatientes de ultraderecha en Colombia (paramilitares) declararon ante la Fiscalía haber cometido más de 30.500 asesinatos y desaparecido a unas 2.520 personas en los últimos 20 años, en el marco de un plan para obtener beneficios judiciales.
Sobre este tema, el Informe Anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos ante la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en el año 2009, el cual se realiza anualmente, señala sin ambigüedad la gravedad de las violaciones ocurridas durante ese año, indicando como responsables a agentes estatales o de la fuerza pública.
El informe indica que durante los últimos diez años, en Colombia se han asesinado 300 mil personas, alrededor de 100 por día. De ellas, el 30% perecen en combates entre la guerrilla y la fuerza pública, mientras que el 70% mueren en ejecuciones extrajudiciales o masacres.
Además Cerca de 4 millones de personas han sido obligadas a desplazarse de sus tierras, dejando atrás sus ranchos quemados, sus seres queridos asesinados y cargando con su miseria a cuestas, producto del conflicto armado neogranadino. Así mismo, 2 mil 500 personas han sido detenidas y desaparecidas y miles han sido detenidas arbitrariamente y torturadas.
Estas cifras describen el tamaño del terror y de la impunidad que padece el pueblo de Colombia, algo de lo que no habló el embajador colombiano Luis Alfonso Hoyos en la OEA.
T/María Elena Parada