Los cables sugieren que el entonces embajador de EE.UU. en Perú, Michael McKinley, pudo haber alentado al Gobierno peruano a usar la fuerza contra los manifestantes en una operación que le costó la vida a 10 manifestantes y 24 agentes de la Policía.
Embajador escribió: «Si el Congreso y el presidente (Alán) García ceden a la presión (de los manifestantes), esto va a tener consecuencias para el acuerdo de libre comercio entre EE.UU. y Perú».
El documento otorgaba más derechos a los inversionistas estadounidenses, entre ellos la empresa Newmont Mining, que tenía intereses de miles de millones de dólares en la zona afectada por las protestas.
Newmont, la segunda mayor empresa de extracción de oro en el mundo, tiene una participación mayoritaria en Yanacocha de Perú, una de las minas de oro más grandes del mundo. Newmont está controlando la mina Conga, la mayor inversión extranjera en el Perú.
Desde la masacre de Bagua, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas mencionó «consecuencias devastadoras» procedentes de la contaminación producida por las compañías petroleras en el norte del Perú, informa ‘Green Left Weekly’.
El gigante petrolero ConocoPhillips tiene 5,5 millones de hectáreas de concesiones petroleras en esta zona. Al denunciar las operaciones petroleras, Amazon Watch señaló: «El Ministerio de Salud del Perú registró niveles inaceptables de plomo y cadmio en la sangre de los niños [indígenas] Achuar».