La inmobiliaria Proyecto Zeta 10, constructora del conjunto residencial Brisas de Paraparal, en el estado Carabobo, obligaba a los compradores a firmar hasta cuatro contratos, con incrementos de precios que al final rondaban 600%, refirió este miércoles Libismar Linares, una de las víctimas de esta estafa y miembro de la sala situacional creada en el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) para atender estos delitos.
Durante su participación en el programa Despertó Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión, Linares señaló que el monto para adquirir su vivienda fue pactado en el año 2006 en 77.000 bolívares. Actualmente, la inmobiliaria pretende que ella pague 400.000 bolívares, casi seis veces el costo inicial.
Linares indicó que son 300 familias las afectadas por esta estafa en el conjunto residencial ubicado en el municipio Los Guayos. Expresó que la primera etapa de la construcción presenta un avance de 90% en las obras, pero la segunda fase, con 55% de progreso, está paralizada por completo desde hace tres años. Aunque sobre este urbanismo no recae una de las medidas de intervención que anunció el Estado en 33 complejos, la carabobeña confía en que su caso será atendido por las autoridades.
Por su parte, René Navarro, otra de las víctimas de los estafadores inmobiliarios, cuya vivienda está ubicada en las residencias El Fortín Nueva Casarapa, en el estado Miranda, explicó que los constructores pretendían cobrar el ilegal Índice de Precios al Consumidor (IPC) a 640 familias.
Dijo que esta empresa inmobiliaria incumplió las condiciones de la construcción, ya que se comprometieron a culminar las 20 torres en febrero de 2010 y no lo hicieron. “Estamos muy agradecidos con el presidente Hugo Chávez por sus acciones para proteger a los compradores”, expresó.
Noelia Tuozzo, perjudicada por la constructora Valparaíso, en Carabobo, refirió otra arista de la estafa, relacionada con la actuación de las entidades financieras. Reveló que la constructora les impuso un banco para pedir créditos por recursos propios “con intereses más altos, más requisitos y menos tiempo para pagar que los de Ley de Política Habitacional”. Indicó que la misma utilizó el llamado Sicri (Sistema Central de Riesgos) para negar los préstamos a las personas, “como parte del entramado que arman para no permitir obtener la vivienda nunca”.
El pasado 31 de octubre, ante reiteradas las denuncias de incumplimientos en las construcciones, cobros ilegales y extorsión a los adquirientes para adjudicarles las residencias terminadas, el Estado venezolano intervino 33 desarrollos habitacionales que han estafado a las familias venezolanas. Hasta la fecha, el Indepabis ha recibido casi 5.000 denuncias sobre el mismo tema.