Una delegación de la troika que integran la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó este martes a Atenas, para controlar los ajustes solicitados a ese país para otorgarle un salvataje financiero.
El Gobierno griego debe tomar de aquí a fin de mes unas 147 medidas para obtener el visto bueno de la Troika al pago del nuevo tramo de 3.300 millones de euros, aprobados en la última reunión del Eurogrupo.
El Gobierno quiere evitar que la presencia de los técnicos se prolongue con negociaciones interminables, como ha ocurrido en otras ocasiones, según la agencia de noticias EFE.
Uno de los puntos principales a debatir será el proceso de privatizaciones de propiedades y empresas estatales, que a la Troika le parece «lento».
En las últimas previsiones se contempla que el Estado ingrese 2.600 millones de euros este año por este concepto, pero se está planteando la posibilidad de reducir este objetivo a 2.000 millones de euros.
El Gobierno tripartito, dirigido por el conservador Andonis Samarás, tiene además previsto presentar a la Troika el programa de movilidad para 12.500 empleados públicos, y el cierre de dos organismos del Estado para poder cumplir el compromiso de eliminar 2.000 empleos antes de fin de mes.
Grecia se comprometió a eliminar 15.000 empleos públicos hacia fines del año próximo.
El Ejecutivo tiene además previsto anunciar antes de este mes un plan para la privatización energética, y de la compañía pública de electricidad DEI.
La Troika quiere, además, conocer los planes de Atenas respecto de la recaudación fiscal, y el Ministerio de Finanzas preparó un borrador de ley para que sea aprobado por el Parlamento, previo visto bueno del órgano tripartito.