El presidente interino de Guinea Bissau, Manuel Serifo Nhamadjo, instaló este martes un «Gobierno de Transición Civil», compuesto por 27 ministros y dos militares, dos días después de llegar a un acuerdo con el Comando Militar, para que este última devolviera el poder a los civiles.
El nuevo régimen de facto, formado a raíz de un golpe de Estado militar, estará conformado por 14 ministros y 13 secretarios de Estado, incluidas dos mujeres, y será dirigido por Rui Duarte Barros, nombrado Primer Ministro el pasado 16 de mayo. Las nuevas autoridades deberán celebrar elecciones generales en un año.
«Ahora que el Gobierno de transición se ha formado, el Comando Militar y el ejército se retirarán a los cuarteles», declaró el teniente coronel Daba Na Walna a la agencia AFP, aunque no precisó la fecha de la retirada.
Tampoco indicó si el Comando se ha disuelto y se negó a hacer más comentarios. «Ya no tenemos derecho a expresarnos públicamente».
El Gobierno de transición se instaló dos días después de que el presidente Serifo Nhamadjo encabezara un acto en el que el Parlamento, el Comando Militar y los partidos políticos firmaron un documento que pretendía poner fin a la crisis político militar.
El documento fue avalado por 25 de los 32 partidos políticos y rechazado por los siete restantes, entre ellos el exgobernante Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC).
El Presidente solicitó al recién nombrado Primer Ministro, que el nuevo gobierno dé prioridad al pago de salarios de funcionarios públicos y sugirió reactivar la campaña de comercialización de nuez de caoba, una de las principales demandas de los agricultores.
En el nuevo gobierno figuran dos militares: el coronel Celestino Carvalho, miembro de la ex junta militar, nombrado ministro de Defensa; y el coronel Musa Diata, nombrado Secretario de Estado para los Veteranos, quien no estaba entre los golpistas.
El 12 de abril, un grupo de militares ejecutó un golpe de Estado cuando el país se encontraba en pleno proceso para celebrar la segunda ronda de los comicios presidenciales.
El levantamiento militar fue condenado por la Unión Africana, la Comunidad Económica de África Occidental, la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y numerosos países.