Más de 170 personas entre estudiantes, docentes y servidores de la administración pública se dieron cita en el I Seminario de Interoperabilidad, que llevó cabo el Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI) para reimpulsar el uso de la plataforma gobierno electrónico y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías en las instituciones del Estado.
La implemetación de esta plataforma que permite intercambiar conocimientos en materia de software libre, facilita el proceso de migración hacia este nuevo uso que articulará a las instituciones, por lo que el presidente del CNTI, José Sosa, indicó que adelantan acciones para la puesta en marcha de esta nueva Ley que entrará en vigencia el 15 de junio de 2014.
«La Interoperabilidad es la capacidad de las instituciones de intercambiar, por medios electrónicos, información de forma eficiente. Su aplicación simplificará los trámites administrativos y dará un mejor uso de los recursos de la Administración Pública. Sin interoperabilidad no existe realmente un Gobierno Electrónico, tenemos instituciones automatizadas, pero mientras ellas no se puedan comunicar entre sí, no avanzaremos en esta necesaria dirección», comentó Sosa.
Durante la actividad también se realizaron mesas de trabajo para la discusión de casos de estudio de interoperabilidad, por lo que se evaluó la amplia posibilidad de aplicación que tiene en el país debido a los diversos programas nacionales de informática que promoven este conocimiento en los estudiantes y profesionales.
Actualmente se evalúa el proceso de migración con base en la Ley de Interoperatividad, que permitirá un intercambio de información entre el Estado y el pueblo para que los ciudadanos puedan realizar trámites de manera más rápida.
Con esta ley se busca que las bases de datos de las instituciones del Estado cuenten con los procedimientos y la plataforma tecnológica necesaria para constituir un operador nacional de interoperatividad que integre todas las bases de datos almacenadas, con el objeto de facilitar la gestión de trámites que ejecutan los ciudadanos.