En 1987 entró en vigencia la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; tratado internacional que en 1999 sería incorporado al andamiaje constitucional con que hoy cuenta la República Bolivariana de Venezuela (país precursor que eliminó oficialmente la práctica de la tortura en 1811).
Para reforzar ese marco legislativo, garantizando el derecho a la integridad personal que postula el Artículo 46 de la Constitución, el Estado venezolano aprobó en el año 2013 la «Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes» (Gaceta Oficial No. 40.212).
En Venezuela, a diferencia de otros países del mundo, la práctica de la tortura no es sistemática ni mucho menos una política de Estado, como sí lo es, por ejemplo, en Israel o en Estados Unidos (país este último que formó a los peores torturadores y genocidas del continente en su bochornosa “Escuela de las Américas” de Panamá y luego en la Whinsec en Fort Benning, Georgia).
Sin embargo, no es menos relevante que existan casos aislados de estas malas prácticas en Venezuela, que deben ser procesados y sancionados con todo el peso que nos da esta legislación nacional.
En este contexto, nuestro Estado está llamado a seguir generando políticas y medidas que apunten a la atención médica y psicológica de las víctimas, hasta su plena rehabilitación; una justa reparación y compensación por los daños causados a las víctimas directas y sus familias, así como la más estricta sanción penal y administrativa para los torturadores. Y desde lo preventivo, brindando formación continua a todos las funcionarias y los funcionarios de los cuerpos de seguridad (policiales y militares) sobre la absoluta prohibición de dichas prácticas, que van a contrapelo de los principios que postulan el modelo policial bolivariano y la doctrina que rige a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, reconocida organización venezolana, integrante del Consejo Nacional de Derechos Humanos creado por el presidente Nicolás Maduro, y que desde hace 30 años atiende a víctimas de este flagelo, ha impulsado una campaña e invitado recientemente a sumar esfuerzos para generar conciencia sobre este tema y promover la erradicación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Una causa noble y justa que debe sumar voluntades en estos tiempos de transformaciones humanistas que estamos gestando en Revolución.