La fiscal general argentina Gabriela Boquín acusó al grupo empresarial del Correo Argentino de impulsar el vaciamiento de la compañía durante los últimos 18 meses para beneficiar al Grupo Macri y perjudicar al Estado nacional y otros acreedores.
En un dictamen que presentó en los tribunales comerciales, Boquín responsabilizó a los ejecutivos del Correo -que integra el holding empresario de la familia Macri- y a la jueza del concurso, Marta Cirulli, por los 16 años que ya consumió el expediente sin que se homologue un acuerdo o se dicte la quiebra.
La fiscal presentó el viernes 28 de abril su dictamen, de 88 páginas, mientras transcurren los 120 días que el Gobierno argentino solicitó a la Justicia para dictar decretos que regulen los potenciales conflictos de interés y que la Auditoría General de la Nación (AGN) analice el expediente que protagoniza la familia Macri.
Según el documento, la jueza del concurso, Marta Cirulli, autorizó cinco retiros de fondos por cerca de 10 millones de pesos. Pero después que la fiscal reveló que se había firmado un acuerdo que consideró “abusivo” y “ruinoso” para las arcas públicas, se cortaron las autorizaciones. Cuando el Correo apeló, quedó la maniobra al descubierto.
La fiscal denunció a la jueza comercial Cirulli y pidió la separación de la actual administración de la empresa Correo Argentino, que encabeza Jorge Irigoin, exgerente de Socma. Aseguró que proporcionó información falsa y ocultó otra relevante para el expediente.
Para Boquín, los máximos responsables del Correo actuaron con dolo durante estos años al impulsar el presunto vaciamiento de la empresa por más de medio millón de pesos al mes desde marzo de 2016 por distintas vías, pero siempre con Sideco y Socma -dos empresas del grupo Macri- como beneficiarias finales.