El presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), José Avila, informó este lunes que en una acción enmarcada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, se procedió a retirar los instrumentos agrarios a 8 productores tachirenses, de un total de 4 mil 800, por graves infracciones a la ley y por involucrarse en el llamado ‘Trancazo’ que convocó la oposición.
“En el estado Táchira, en días recientes, se presentó una situación que impidió por 4 días el tránsito de alimentos y combustible en este estado. Tuvimos conocimiento de un conjunto de productores, ocho exactamente, que estuvieron vinculados al llamado ‘Trancazo’ en el estado andino”, dijo Avila en declaraciones transmitidas por VTV.
Explicó que se procedió, a la supervisión e inspección, de acuerdo a lo que establece la Ley, de 8 predios; “fundo Esperanza y fundo Campo Barinas en el municipio Libertador, el fundo Villa Olivia y Caño de Mula en Fernández Feo, un predio sin nombre en Jaúregui, El Guamal en Seboruco, La Esperanza en Panamericano y San Antonio en Samuel Darío Maldonado”.
“En esos predios encontramos incumplimiento de la función social, para lo cual está destinada la tierra, tierras ociosas, tercerización, venta sin autorización válida otorgada por este instituto (INTI), presencia de indocumentados colombianos, e incumplimiento de la solvencia laboral”, detalló.
El principal responsable del organismo de tierras expresó que detectaron “un conjunto de productores (8), que en su mayoría, han estado todos apoyados por el gobierno nacional y regional. Gente con créditos, con maquinaria, y con tierras asignadas para desarrollar una labor. Una labor que ciertamente existe, no de los niveles que se espera, por las 1.296 hectáreas que hemos venido a inspeccionar, sino que además, se dedicaron, entre otras cosas, a fomentar acciones que atentaron contra la paz de este estado”.
Destacó que de los 4.800 productores registrados, solo 8 se involucraron en estas acciones violentas. “El resto (casi 5 mil productores) tiene todo el apoyo del gobierno nacional, regional y del ministro Castro Soteldo”, aseguró.
“Estamos interviniendo porque estos 8 señores violentaron la Ley y les vamos a aplicar la Ley. Vamos a revocar los instrumentos agrarios que esos ciudadanos tenían y que hagan los descargos de ley que les corresponde”, aseveró José Avila y agregó que se estaba haciendo un plan para que no baje la producción en esos predios.
“Queremos hacer una reflexión en función de la gratitud. Muchos sectores que se han involucrado en este tipo de actividades, en su mayoría, se han apoyado con el Gobierno Bolivariano, bien sea por la vía del crédito (con tasas de interés muy bajas) o por condiciones especiales para la adquisición de maquinarias y acceso gratuito a tierras para que desarrollen sus acciones productivas y, además, apoyados financieramente por el Estado, con el apoyo de la Ley de Tierras y apoyada financieramente por el Estado” y por ello, en su opinión, “aquí debe haber una condena moral, porque durante 4 días bloquearon el acceso al Táchira de alimentos y la posibilidad de distribuir los alimentos a otras partes del país y además bloquearon el acceso al combustible”, concluyó.