Fabián Barrera encontró una manera de hacer dinero rápido en la Guardia Nacional de Texas, ganando aproximadamente 181.000 dólares por haber llevado a 119 potenciales reclutas para unirse al ejército. Pero los bonos fueron mal habidos, porque el ex capitán nunca refirió en realidad a ninguno de ellos.
El caso de Barrera, que terminó el mes pasado con una pena de prisión de al menos tres años, es parte de lo que los abogados del Departamento de Justicia describen como un patrón recurrente de corrupción que se extiende por una amplia sección del ejército.
En un período en que el país ha gastado libremente para apoyar guerras en múltiples frentes, los fiscales han encontrado abundantes objetivos: los acusados que cobran por servicios que no prestan, los que dirigen contratos lucrativos para seleccionar socios de negocios y los que utilizan sobornos para negociar una gran empresa militar.
A pesar de los numerosos casos que han producido largas condenas de prisión, los problemas han continuado en el extranjero y en el país con una frecuencia que funcionarios consideran preocupante.
“Las argucias que vemos realmente van desde pequeños sobornos pagados a alguien en Afganistán hasta cientos de millones de dólares en contratos siendo llevados a una empresa favorecida que está pagando sobornos”, dijo en una entrevista Leslie Caldwell, Asistente del Fiscal General y Jefa de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Solo en los últimos meses, cuatro oficiales retirados y uno en servicio activo de la Guardia Nacional del Ejército fueron acusados de un plan complejo de soborno que implica la adjudicación de contratos para materiales de mercadeo y promoción, y un conductor de una compañía de camiones se declaró culpable de sobornar a empleados de una base militar en Georgia para obtener envíos de carga – frecuentemente armas que requerían seguimiento por satélite – para transportar a la Costa Oeste.
Más recientemente, un ex contratista del Comando Militar de Transporte Marítimo de la Armada, que proporciona transporte para el ejército, fue condenado a prisión junto a un empresario por un caso de soborno en el que dinero en efectivo, un refrigerador de vino y otros regalos intercambiaron manos por un trato favorable en el trabajo de las telecomunicaciones. También tres hombres, incluyendo dos oficiales retirados del Cuerpo de la Marina, fueron acusados de hacer trampa en una propuesta de licitación para trabajos de mantenimiento que involucra a un escuadrón de helicópteros que sirve a la Casa Blanca.
Abogados del Departamento de Justicia dicen que no consideran que el ejército sea más vulnerable a la corrupción que cualquier otra gran organización, pero que los mismos elementos que pueden establecer las bases para la malversación – incluyendo trabajadores relativamente mal pagados que administran contratos lucrativos, y la fuerte dependencia en los servicios proporcionados por contratistas – también existe en el ejército.
Jack Smith encabeza la sección de Integridad Pública del departamento, quien es mejor conocido por enjuiciar a políticos, pero también ha levado varios casos en contra de miembros del ejército. Smith dijo que hay paralelismos evidentes entre la corrupción en la política y en el ejército.
La Comisión de Contratación en Tiempos de Guerra en Irak y Afganistán estimó que entre 31 mil millones y 60 millones de dólares se perdieron en despilfarro y estafas durante las operaciones de Estados Unidos en esos países. El Departamento de Justicia dice que llevó 237 casos criminales desde noviembre 2005 hasta septiembre 2014 derivados de mala conducta en zona de guerra – frecuentemente estafas en contrataciones y adquisiciones.