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El tribunal desestimó delitos y otorgó medidas cautelares

MP apeló decisión en caso de funcionarios del Cicpc de Subdelegación de El Valle involucrados en secuestro

1 mayo 2015 | Haga un comentario

Los fiscales del Ministerio Público apelaron la decisión de la mencionada instancia judicial y pidieron la aplicación del efecto suspensivo, es decir, que los 16 funcionarios permanecerán detenidos hasta que la Corte de Apelaciones se pronuncie acerca del recurso interpuesto

El Ministerio Público apeló la decisión del Tribunal 42° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), el cual desestimó algunos delitos y otorgó medidas cautelares en el caso de los 16 efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Subdelegación de El Valle, presuntamente vinculados con el secuestro de un comerciante ocurrido el 12 de enero de 2015 en San Agustín del Norte, municipio Libertador del Distrito Capital.

En la audiencia preliminar, los fiscales 46º y 55º nacional auxiliar, Orlando Padrón y Elsy Pérez, respectivamente, ratificaron la acusación contra los comisarios Luis Rafael Fernández Mata y José Ramón Suárez Ovalles, como coautores de los delitos de secuestro agravado, robo agravado, trato cruel y asociación para delinquir.

Por los delitos anteriores también fueron acusados los funcionarios Rolando José Iriarte Pérez, José Rogelio Sifontes Pacheco, Elys Rael Quintero Guanipa, Lisset Carolina Bello Toledo, José Germán Natera Delgado, Wuinder Alexander Urbina Cambero y Jesús Miguel Cabriles Hernández.

Mientras que Gregory José Briceño Velásquez, Keiber Manuel España Hernández, Reinaldo Antonio Rodríguez Parejo, Jesús Alfredo Rodríguez Castillo, Kemmi José Hernández Romero, Miguel Ángel Sáez Celis y Manuel Jesús Estaba Vergel, fueron acusados como coautores de los delitos de secuestro agravado, robo agravado, trato cruel en grado de complicidad no necesaria y asociación para delinquir.

En ese sentido, la referida instancia judicial ordenó el enjuiciamiento de los funcionarios, sin embargo, desestimó el secuestro agravado y precalificó secuestro breve a ocho policías y este mismo delito pero en grado de complicidad no necesaria al resto; así como no admitió asociación para delinquir, trato cruel y robo agravado (este último solo aplicó para Sifontes).

Además, el tribunal dictó medidas cautelares para ocho de ellos, consistentes en la presentación periódica cada 15 días y prohibición de salida del país; mientras que a los demás les mantuvo la medida privativa de libertad.

Por tal motivo, los fiscales del Ministerio Público apelaron la decisión de la mencionada instancia judicial y pidieron la aplicación del efecto suspensivo, es decir, que los 16 funcionarios permanecerán detenidos hasta que la Corte de Apelaciones se pronuncie acerca del recurso interpuesto.

Conviene destacar que por este mismo caso se encuentran imputados los detectives de la policía científica Carlos Antonio Moreno, Leandro Javier López, Amyerly Euruby Rodríguez, David Leonardo Hernández, Luis Moisés Cedeño y Johan Omar Gómez, por presuntamente ser cómplices en el delito de secuestro. Poseen medidas cautelares consistentes en la presentación periódica cada 15 días y prohibición de salida del país.

De acuerdo con la información preliminar, el 13 de enero de este año, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana y PNB se presentaron ante la subdelegación del Cicpc en El Valle, en virtud de que recibieron una denuncia de que en ese lugar mantenían secuestrado a un comerciante y estarían solicitando dinero a cambio de su liberación.

Ese mismo día, los efectivos ejecutaron una entrega vigilada acordada por el Tribunal 42º de Control del AMC, cerca de la estación de metro Coche, donde aprehendieron a Sifontes.

En horas de la tarde, los seis funcionarios que poseen medidas cautelares fueron detenidos en la subdelegación del Cicpc.

El 14 de enero, 10 de los hoy acusados se entregaron en la sede del Sebin; mientras que el resto se presentó el 19 de enero ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por los fiscales y acordadas por la referida instancia judicial.

Fuente/Ministerio Público
Foto/Archivo

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