El Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, informó que se ha reunido con representantes de la empresa brasilera Odebrecht en Venezuela para avanzar en las investigaciones de presuntos hechos de corrupción.
“Me he reunido en cuatro oportunidades con abogados y representantes de Odebrecht en Venezuela y me han dado su voluntad manifiesta para cooperar y así llegar al fondo de esta investigación”, afirmó Saab durante una entrevista concedida este lunes 25 de septiembre al programa Vladimir a la Una, transmitido por el canal Globovisión.
Precisó que recibirán de Odebrecht testimonios de personas involucradas en este entramado de corrupción. “Estamos avanzando para que aquí haya información documentada verificable y eso será así. Ellos manifestaron su voluntad para cooperar y llegar al fondo”, insistió el titular de la acción penal en el país.
TRAFICAR CON ALIMENTOS Y MEDICINAS
La máxima autoridad del Ministerio Público anunció también que se han detectado a 18 empresas que presuntamente traficaron con divisas otorgadas por el Centro Nacional Comercio Exterior (Cencoex) y la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para la importación con sobreprecios de lotes de alimentos y medicinas.
“No son las únicas, pero ya tenemos pruebas documentadas de que cometieron ilícitos muy graves. Vendrán imputaciones, detenciones; por supuesto que estas empresas van a ser investigadas y sus bienes incautados”, manifestó el también presidente del Consejo Moral Republicano.
FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO
En relación con el caso del exdirector ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, reveló que ha sido visitado recientemente por fiscales de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en Caracas.
Detalló que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público han detectado sobreprecios de 230 por ciento en un grupo de 12 contratos entregados a diez empresas, de un total de 41 mil contratos suscritos entre los años 2010 y 2017 en la citada reserva de petróleo.
Saab agregó que los involucrados y sus empresas habrían incurrido en la supuesta comisión de los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista, previstos en la Ley contra la Corrupción, y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Respecto al caso de las monoboyas, indicó que las mismas “debieron ser instaladas en el terminal correspondiente por un monto de 75 millones de dólares, y no fueron instaladas. Estamos investigando si eso es imputable a las empresas o la gerencia de Petróleos de Venezuela en ese entonces”.
“Estamos trabajando estos casos como Ministerio Público, pero seguramente podrá ocurrir que nosotros solicitemos, como en efecto ya lo hicimos, la cooperación de la Contraloría General de la República”, dijo Saab.
Denunció que durante la gestión de la ex fiscal general no hubo expedientes para investigar estos los irregulares ocurridos en la Faja Petrolífera del Orinoco.
En torno al conflicto de competencias con la jurisdicción penal militar, el Fiscal General de la República manifestó que “de los 110 casos que conocimos de manera formal envié una comunicación al presidente de la Corte Marcial, el General Henry Timaure, solicitando que declinara las competencias de los casos que estaban al mismo tiempo siendo conocidos por tribunales militares y por la jurisdicción penal ordinaria”.
Comentó que se determinó que 88 expedientes debían pasar a de la jurisdicción militar a la ordinaria, e informó que 32 de estas causas ya cuentan con tribunales asignados para los procesos sancionatorios correspondientes.
Aprovechó la ocasión para reiterar que el Ministerio Público estudia minuciosamente los casos de personas detenidas con problemas de salud para solicitar medidas humanitarias o menos gravosas de libertad, en función de proteger los derechos humanos.
ANACRÓNICA ACTITUD IMPERIAL
Al calificar las recientes sanciones de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos en contra de Venezuela como “una anacrónica actitud imperial”, señaló que las mismas “son una manera de amedrentar, impúdica, impropia, indigna, de querer colocar a un funcionario del Estado en situaciones de terror”.