El fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este jueves que el Ministerio Público (MP) envió una carta oficial a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, para brindar información detallada sobre la incursión armada de mercenarios internacionales (dos de ellos, exboinas verdes) y nacionales durante la madrugada del pasado 3 de mayo en aguas territoriales venezolanas, a los fines de determinar la participación del Gobierno de Donald Trump en los hechos que pretendían derrocar al presidente Constitucional, Nicolás Maduro, asesinar miles de personas y provocar una guerra civil.
Durante una rueda de prensa efectuada en la sede del organismo, en Caracas, el máximo titular del MP comunicó que después de recibir el mencionado documento, la Cámara del país del norte informó a las autoridades venezolanas que el Congreso estadounidense ya inició una investigación para determinar si la administración de Trump -o cualquier ciudadanos estadounidense- estaba al tanto de la Operación Gedeón.
«En el Congreso de Estados Unidos se inició una investigación para determinar si ‘las leyes estadounidenses fueron violadas por ciudadanos y compañías estadounidenses y si algún elemento del gobierno de Estados Unidos sabía lo que estaba sucediendo’», citó Saab al leer textualmente el documento oficial de la Cámara de Representantes.
Igualmente, el fiscal General de la República señaló que el Ministerio Público hará todo lo necesario para que se haga justicia conforme a las leyes soberanas del Estado venezolano y «se compromete en lo que sea menester para colaborar, como Poder Soberano, con cualquier institución norteamericana que busque la verdad».
Afirmó que estas acciones realizadas por el MP se desarrollan de manera simultánea con otras que el Estado venezolano está tomando en la Corte Penal Internacional y en el Consejo de Seguridad de la ONU.
«Apelando a los altos valores del mundo libre y al respeto supremo a la Constitución profesado históricamente por el pueblo de Estados Unidos, ideales compartidos y practicados también por nuestro pueblo; no podemos sino esperar de ustedes una investigación exhaustiva», manifestó Saab durante la lectura de la carta oficial.
Por último, el fiscal General Tarek William Saab le recordó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que toda la información suministrada en la misiva «constituye una parte del sumario y está ampliamente sustentada y certificada por las confesiones voluntarias de los protagonistas».
LOS VÉRTICES DE UN «TRIÁNGULO CRIMINAL»
De acuerdo con las líneas de investigación trazadas por el Gobierno Nacional, el primer vértice del «Triángulo Criminal» contra la República Bolivariana de Venezuela está integrado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado, Mike Pompeo, el vicepresidente Mike Pence, el enviado especial, Elliot Abrams, y el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, así como por la CIA y la DEA.
El segundo vértice del triángulo -de acuerdo con el Ejecutivo Nacional- está conformado por el militar desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Clíver Alcalá Cordones, por el narcotraficante colombiano, Elkin Javier López Torres (alias “Doble Rueda»), por el narcotraficante Yoel Palmar (prófugo de la justicia venezolana, residenciado en República Dominicana, y que, además, contaba con una credencial del Ministerio Público otorgada por la exfiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz), y por José Alberto Socorro Hernández (alias Pepero), agente de la DEA.
Por último, el tercer vértice del triángulo está constituido por los integrantes de la ultraderecha en Venezuela: Juan Guaidó, Hernán Aleman (diputado a la Asamblea Nacional por el Circuito 10 del estado Zulia), Yon Goicoechea y Juan Torres, éstos dos últimos, son conocidos por ser dueños de la fundación ‘Futuro Presente’.
«Colocación de minas en cualquier parte», el uso letal de la fuerza para proteger propiedades designadas como «vitales para la misión»; el uso de cualquier arma no convencional; la detención de civiles «cuando haya una sospecha razonable»; «el uso gradual de la fuerza» en caso de protestas o «amenazas»; la eliminación de cualquier ciudadano que pueda ser calificado como «grupo, célula o edificios asociados al terrorismo»; los «ataques contra elementos no militares de comando y control del antiguo régimen»; la «autoridad para aprobar cualquier ataque y reactivar el fuego», así como la inhabilitación o destrucción líneas de comunicación e infraestructuras, son algunos de los detalles establecidos en las 41 páginas del contrato elaborado por la empresa de seguridad privada Silvercorop USA, y suscrito por los dirigentes de la ultraderecha, Juan Guaidó, Juan José Rendón y Sergio Vergara.