Los centros de votación en Irlanda abrieron el viernes, 26 de octubre, a las 06.00 horas GMT para que el electorado participe en un referéndum sobre la abolición del delito de blasfemia y en las elecciones a la presidencia, un cargo principalmente representativo.

Las encuestas apuntan a que la mayoría del electorado apoyaría la eliminación de un artículo de la Constitución que ilegaliza la blasfemia. Los sondeos también indican que el actual presidente, el veterano dirigente laborista Michael D. Higgins, de 77 años, renovará su puesto para otros siete años.

El apoyo de Higgins se sitúa en torno al 70 %, muy por delante del empresario Seán Gallagher (12 %), a quien ya derrotó en los comicios de 2011.

Les sigue la eurodiputada Liadh Ní Riada (9 %), del partido nacionalista Sinn Féin, la única formación política que ha presentado una candidatura para poner a prueba la enorme popularidad del actual jefe del Estado irlandés.

Respecto al referéndum, que saldría adelante con mayoría simple, el 51 % del electorado votaría a favor de eliminar el delito de blasfemia, frente al 19 % que lo rechaza y el 25 % que sigue indeciso, a pesar de que todos los partidos políticos, grupos sociales de diversa índole y la Iglesia Protestante han pedido el «sí».

También la Iglesia Católica irlandesa es partidaria de este cambio, pues sostiene que la blasfemia es un concepto «totalmente obsoleto» y que las leyes que lo persiguen han sido usadas «para justificar la violencia y opresión contra minorías en otras partes del mundo».

La Ley de Difamación fue reformada en 2009 por el Gobierno de coalición del centrista Fianna Fáil y el Partido Laborista, y prohíbe la blasfemia porque así lo establece una cláusula de la Constitución nacional, si bien nadie ha sido procesado por este delito desde 1855.

La legislación prevé multas de hasta 25.000 euros para aquellos que «publiquen o profieran material que sea gravemente abusivo o insultante en relación con asuntos sagrados para cualquier religión, causando así indignación intencionalmente a un número sustancial de seguidores de esa religión».

El Ejecutivo dirigido por los democristianos considera ahora que su abolición sería un «paso importante» en el camino emprendido por este país para mejorar su «reputación internacional», al tiempo que «daría ejemplo» a los países donde la blasfemia conlleva «la pena de muerte».

La blasfemia en España

Por otra parte, un actor español acusado de insultar a Dios y la Virgen María fue detenido en septiembre de este año por blasfemar en un nuevo caso que ha generado debate sobre la libertad de expresión en España.

Toledo se declaró en «rebeldía» al considerar que no cometió ningún delito, y se negó a declarar por un presunto delito contra los sentimientos religiosos a causa de un mensaje que publicó en Facebook en julio del 2017.

Allí defendió a tres mujeres enjuiciadas por blasfemia, que recorrieron Sevilla con una vagina gigante a la que llamaron el «Coño Insumiso», simulando una procesión religiosa.

«Yo me cago en Dios, y me sobra mierda para cagarme en el dogma de ‘la santidad y virginidad de la Virgen María'», escribió en ese momento el actor de cine y televisión de 48 años, más conocido últimamente por sus intemperantes mensajes en redes sociales.

Denunciado por la Asociación Española De Abogados Cristianos por «hacer escarnio de Dios y la Virgen María», Toledo no acudió a dos citaciones, en abril y en junio, por lo que la corte ordenó su detención para obligarlo a declarar.

«Como pienso llevar mi acto de desobediencia hasta las últimas consecuencias (aceptando estas sean cuales sean) no me voy a entregar», señaló Toledo.

En todo caso, el cargo del que es acusado sólo conlleva una multa.

Numerosos artistas salieron en su defensa, entre ellos el ganador de un Oscar, Javier Bardem, quien en un evento en mayo en apoyo a Toledo advirtió que la persecución judicial de opiniones puede hacer retroceder a España a la «época del franquismo».

Este es el último de una serie se casos de artistas o internautas procesados por sus opiniones, lo que ha generado debate sobre el alcance de la libertad de expresión en España.

El rapero Valtonyc, por ejemplo, se fue a Bélgica, para evadir una condena a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del ‘terrorismo’ en sus canciones.

Las condenas en España han sido calificadas de «represión» por Amnistía Internacional.

F/Publico.es y Universo
F/Reuters