Israel ha decidido retener ingresos por impuestos vitales para los palestinos y está buscando formas de presentar cargos por crímenes de guerra contra el presidente Mahmoud Abbas y otros funcionarios de alto rango en Estados Unidos y otros países, dijeron el sábado funcionarios israelíes.
La medida es una venganza por la decisión de los palestinos de unirse a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, con el objetivo de juzgar a los israelíes por lo que consideran crímenes de guerra cometidos en su territorio.
El viernes entregaron documentos en la sede central de la ONU en Nueva York para sumarse al Estatuto de Roma de la CPI y otros tratados internacionales, diciendo que esperaban lograr «justicia para todas las víctimas que ha matado Israel, la potencia ocupante».
La CPI fue creada para juzgar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad como el genocidio. Israel y Estados Unidos se oponen a los acercamientos unilaterales de los palestinos a los organismos internacionales, diciendo que socavan las posibilidades de negociar una resolución pacífica al conflicto de décadas en Oriente Medio.
En una primera respuesta a la decisión de Abbas de acercarse a la CPI, el primer ministro Benjamin Netanyahu decidió, en consulta con los ministros de alto rango de su gabinete, retener una transferencia mensual de ingresos por impuestos por un total de 500 millones de shekels (125 millones de dólares), dijo el sábado un funcionario israelí.
Los fondos son vitales para la operación de la Autoridad Palestina, que tiene una autonomía limitada, y para el pago de los salarios de los empleados del sector público.
Israel adoptó una medida similar en diciembre del 2012, congelando las transferencias de fondos durante tres meses, molestos por el inicio de una campaña palestina en favor de su reconocimiento como Estado en Naciones Unidas.
Bajo un acuerdo de paz provisional de la década de 1990, Israel recauda al menos 100 millones de dólares al mes en aranceles a nombre de la Autoridad Palestina.
Además del congelamiento de los fondos, un funcionario israelí dijo que el Estado hebreo está «evaluando la posibilidad de presentar un caso de gran escala en Estados Unidos y otros lugares» contra el presidente Abbas y otros responsables palestinos de alto rango.
Israel probablemente presentaría estos casos a través de grupos no gubernamentales y organizaciones legales favorables al Estado hebreo capaces de presentar demandas en el exterior, dijo un segundo funcionario israelí, explicando cómo podría funcionar el mecanismo.
Israel considera a los jefes de la Autoridad Palestina en la Cisjordania ocupada como colaboradores de los islamistas milicianos de Hamas en Gaza, debido a un acuerdo de unidad que alcanzaron en abril, dijeron los funcionarios.
Netanyahu había advertido previamente que las medidas unilaterales de la Autoridad Palestina en Naciones Unidas expondrían a sus líderes a ser procesados por su apoyo a Hamas, considerado por Israel como una organización terrorista.
Hamas «comete crímenes de guerra, dispara contra civiles desde áreas pobladas por civiles», dijo un funcionarios, refiriéndose a la guerra del verano boreal pasado en Gaza en la que murieron más de 2.100 palestinos y 70 israelíes.
Los palestinos buscan crear un Estado en Gaza, Cisjordania y el Este de Jerusalén, tierras que Israel capturó en la guerra de 1967.
La idea de reconocer un Estado Palestino ha ganado fuerza desde que Abbas tuvo éxito en lograr el reconocimiento de facto de la Asamblea General de la ONU en el 2012, lo que hizo posible que los palestinos puedan optar a sumarse a la CPI.
Estados Unidos, el principal aliado de Israel, respalda un eventual Estado palestino independiente, pero se ha opuesto a medidas unilaterales como la del viernes, diciendo que podrían dañar el proceso de paz.
Washington envía cerca de 400 millones de dólares en apoyo económico a los palestinos cada año. Bajo una ley de Estados Unidos, esa ayuda podría suspenderse si los palestinos utilizan su membresía en la CPI para presentar demandas contra Israel.
T / Reuters