“La inseguridad en el país, fenómeno que afecta a toda la colectividad, no es un problema del gobierno ni de la oposición, es un problema nacional, de todos los venezolanos”, sostuvo el periodista José Vicente Rangel.
En su programa dominical, transmitido por el canal Televen, propuso una serie de medidas prácticas para combatir este flagelo, específicamente para hacer frente al denominado secuestro exprés, “una de las figuras más sórdidas y que más atemoriza a la colectividad”, dijo.
Instó al fortalecimiento de los grupos antisecuestros, dotándolos de equipos, personal y capacidad de comunicación; así como a la creación de un comando único para garantizar el control de estos cuerpos.
Propuso regular la actividad de las casas de empeño y préstamo, en virtud de que muchos de esos lugares resguardan el dinero producto de ese delito, además de reforzar el control de los cuerpos policiales que, en algunos casos, resultan involucrados en la comisión del delito.
Rangel llamó a establecer mecanismos de protección de cajeros automáticos y a controlar la circulación de motorizados, siempre en el marco de ley y sin abusos, a partir del reconocimiento de que muchos de ellos son trabajadores honestos.
En ese particular, sugirió permitir máximo dos personas por moto, provistas de cascos y chalecos identificados con número de placa, junto con su documentación en regla, además de su riguroso control en autopistas y vías de circulación rápida.
También se refirió a medidas de fortalecimiento institucional en la lucha contra el delito, con acciones como la implementación de fiscalías móviles en los puntos más críticos de las cinco principales ciudades del país, en donde los ciudadanos procedan a la denuncia inmediata de conflictos que suelen desembocar en violencia mortal, como peleas entre vecinos y riñas callejeras.
Asimismo, exhortó a la creación de un servicio de atención directa de la ciudadanía que rompa la extensa ruta a recorrer para acceder a los diversos servicios de seguridad y justicia, y contar con un centro de información y registro que facilite al ciudadano la denuncia del delito, en el marco de la confidencialidad, entre otras medidas.