A una semana de las elecciones parlamentarias, un análisis de prensa y de los medios audiovisuales, le permitió a Juan Carlos Loyo, identificar, una vez más, a los dirigentes tras bastidores de la contrarrevolución venezolana. “Los verdaderos jefes de la oposición volvieron a salir a flote y comenzaron a dictar líneas y pautas. Se reunió Venamcham (Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria), Fedecámaras, al igual que los grandes dueños del capital venezolano, y solicitaron a la nueva Asamblea Nacional que revisen las leyes que afectan la libre empresa”, alertó el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
Dos instrumentos emblemáticos de la Revolución Bolivariana: La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la de Pesca vuelven de nuevo a estar en la mira de la contrarrevolución. La historia reciente registra nada más y nada menos que un golpe de Estado en el año 2002. Hoy de vuelta en bloque a la Asamblea Nacional, los representantes de la oligarquía sacan sus garras a relucir.
Loyo menciona, para ejemplificar con hechos, al segundo de la lista por la oposición en Guárico. “Se trata del diputado electo José Manuel González, ex presidente de Fedecámaras de esa región, defensor de los terratenientes, al igual que un grupo importante de ellos como Hirám Gaviria o el mismo Julio Borges. Me pregunto si ese grupo de diputados le dirán a los millones de campesinos del país que ahora van a revertir la Ley de Tierras. Lo plantearán en el Parlamento. Es interesante saberlo, porque sus jefes directos lo están planteando”.
No se trata solo de los campesinos, el titular de Agricultura y Tierras fue más allá. Respecto a la Ley de Pesca los avances han sido grandes, el principal es la eliminación de la rastropesca. “Es un hecho inédito en el mundo que sale en la defensa de la pesca artesanal y de la biodiversidad marina. Se impulsó desde el Estado un proceso de transformación, para que esos pescadores pudieran integrarse a otras actividades”.
“Volverán los grandes barcos atuneros al mar territorial venezolano a depredar la capa marítima. Hay que preguntarle a los miles de pescadores artesanas que han incrementado los bancos de pesca, gracias a la eliminación de la retropesca, si aceptarán que ese avance se revierta para defender los intereses de las grandes consorcios pesqueros”, alertó Loyo.
Antes el pescador salía en la madrugada y llegaba a la orilla de la playa a las seis de la mañana a esperar que el intermediario capitalista le ofreciera el precio que le diera la gana. “Dependía de lo que el intermediario le quisiera pagar. Eso lo estamos cambiando. Las cavas ahora están en manos del Gobierno Bolivariano y de los consejos de pescadores. Estamos eliminando al intermediario. El rol ahora de un consejo de pescadores no es solo recolectar el producto, deben también vincularse a la cadena productiva socialista que se está construyendo”.
“Esos parlamentarios no deberían plantear la modificación de esas leyes protegidos con las paredes del Parlamento, que se vayan a las costas del mar o a los latifundios recuperados para miles de campesinos y se los planteen a ellos. El pueblo venezolano tiene la mayoría que va a defender sus intereses. Somos 58% de los diputados versus 28% de la contrarrevolución. Aunque lo hagan, indudablemente, no lo van a lograr”, destacó Loyo.
Hay mucho que perder
La Ley de Tierras y la de Pesca significaron grandes avances en la reivindicación de los campesinos y pescadores y en la lucha contra la desigualdad. Como la Revolución, esas leyes no son estáticas, la reciente reforma que se le hizo a la primera, fue para eliminar la tercerezación en los predios agrarios.
“Un dueño de una finca, sin vivir en ella ni trabajarla, la arrendaba y exigía un erogación por la cosecha a quien sí vive en esas tierras y la trabaja. Ese pago en muchos casos representaba entre 50% y 60% del valor de la producción. Esta distorsión feudal ha sido prohibida con el cambio de la legislación”, explicó el titular de la cartera de Agricultura y Tierras, respecto a la modificación del artículo 1 de esa ley.
Además del primer artículo, que establece la lucha contra la tercerización como condición contraria al bienestar colectivo, están los artículos 7, 14, 147 y 148, especificó Loyo. “La reforma de la Ley de Tierras parte de un principio universal: La tierra es de quien la trabaja. Si eso se demuestra, ese campesino es acreedor de esos predios”, sentenció el Ministro.
Respecto a las extensiones de tierra bajo dominio público, el Ministro explicó que el Estado no es terrateniente en ningún país del mundo. “Hay que corregir ese error conceptual. Cuando se dice que unas tierras son públicas, no significa que existe un productor gubernamental, sino que el régimen jurídico de esos predios establece que son de la Nación porque nadie las ha reclamado como propias”, puntualizó Loyo.
“Se ha mantenido un engaño por muchos años, porque se afirmaba que la Reforma Agraria de los años sesenta de los adecos, le transfirió al Estado 11 millones de hectáreas. Se pudiera pensar que existen innumerables fincas en esas extensiones dedicadas a la producción agropecuaria. Eso no es así”, aclara Loyo
Se trata de 11 millones de hectáreas que los adecos pagaron y pasaron a manos del Estado. “¿Quiénes ocupan esas tierras?, se pregunta el ministro e inmediatamente responde: pequeños, medianos y hasta grandes productores.
La interrogante que es fundamental responder con la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, agrega el Ministro, ¿cuál es la tradición y el origen de la propiedad de esos títulos de propiedad? Las investigaciones a lo largo de estos años, le ha permitido a Loyo conocer casos interesantes. “La mayor parte de las tierras de este país no tienen un origen privado. Los grandes señores, como en los feudos, dijeron: “esta finca es mía desde acá hasta donde la mirada alcance”. Cerca de 70% del territorio rural privado venezolano pasó a manos de particulares de esa manera. Doña Bárbara, el atraso”, exclamó Loyo.
A la gente de la ciudad les resulta difícil creerlo, pero basta con sentarse a conversar con un abuelo para escuchar las historias de apropiación de tierras de los amos el valle. “Como hizo Diego Arria en el caso de la finca La Carolina, llegó un día, instaló una cerca y dijo: “Estas tierras son mías”. Un campesino me lo contó: “Yo vivía en ese rincón, vino ese señor y nos sacó”. ¿Usted no hizo nada?, le pregunté, a lo que me respondió: “Qué podía hacer, ellos eran los que tenían el poder”. La estructura agraria en nuestro país se conformó a través del robo y la vejación”, recalcó Loyo.
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario tiene reglas muy claras al respecto, si se demuestra la propiedad se le reconoce, asegura el Ministro. Qué necesita demostrar la persona que reclama la propiedad: Uno, el Estado se las vendió de manera transparente. Dos, la posesión de títulos que se puedan verificar y sean legítimos. Tres, el propietario las compró y a quien se las compró poseía los títulos. “No negamos la existencia de la propiedad, lo único que pedimos es que presenten los documentos que acreditan la titularidad”, concluyó el ministro.
Rubros del ciclo invierno registraron crecimiento
El ministro Juan Carlos Loyo hizo una corta digresión sobre los resultados del período de invierno. “La producción de maíz se incrementó en 5%. “Estamos hablando del cereal que se sembró en mayo y estamos cosechando en este momento. Podemos alcanzar 1,5 millones de kilos. A pesar de las lluvias se está cosechando y arrimando la producción a los silos. En el caso de la soya, se logró incrementar la cosecha en 30% en este ciclo.
Son varios los rubros que han registrado rendimientos positivos, como la leche (3%), en la carne (5%). “No hemos tenido problemas de abastecimiento en ninguno de estos rubros. Ni en los cereales, ni la carne, ni en la proteína que más consumimos que es el pollo y lo huevos”, enumeró el servidos público.
Miembros del Gabinete Económico, y el titular de Agricultura y Tierras, se reunieron con el directorio del Banco Central de Venezuela para elaborar estrategias que permita incrementar la producción de las hortalizas, de manera que no impacten e el Índice Nacional de Precios al Consumidor. “Los técnicos del instituto emisor detectaron que en el tomate, la cebolla y este renglón ha provocado desniveles de precios muy altos. Estamos elaborando un plan que permita incrementar la producción para reducir el impacto en la inflación”, informó Loyo.
Antecedentes agrarios
La estructura de la propiedad agraria en Venezuela tenía mucho rezago y muchas injusticias acumuladas, ligada a la existencia del latifundio. El gran fracaso que tuvo la reforma agraria en los años sesenta fue que no se repartieron las tierras de mayor rendimiento y, además, se desatendió al campesinado sin apoyo tecnológico ni financiero.
Para redondear este cuadro, Loyo explicó que paralelo a estos desequilibrios en el campo, se fue conformando un sector agroindustrial oligopólico que establecía los precios de manera prima de acuerdo a sus intereses.
Con la llegada de la Revolución se fue construyendo leyes para desmontar esas debilidades del campo y la pesca. Las líneas de acción estuvieron dirigidas al reconocimiento de tierras para los campesinos. “Desde la promulgación en el año 2002 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario hasta el 2010, se le ha regularizado la tenencia y uso de los predios a 147.720 familias”, informó el titular de la cartera de Agricultura y Tierras.
La eliminación del latifundio forma parte también de este proceso. Mencionó el caso de la Finca Vergareña que abarcaba 187.000 hectáreas en el estado Bolívar. Para tener una idea de la extensión, dijo que representa 1.800 kilómetros cuadrados.
“Es el tamaño de la isla de Margarita. Había muchos más, como el Cedral o el Frío en el estado Apure. Hay mucho más. Un pequeño grupo de terratenientes poseían las tierras más productivas en el país, sobre todo en los valles de Aragua, Carabobo, Río Turbio y el Tuy, que las destinaron al esparcimiento. Eso existía en Venezuela”, enfatizó el Ministro.
T/ Manuel López
F/Luis Franco