El Ministerio Público acusó al juez 3° de Control del estado Miranda con sede en Ocumare del Tuy, José Luis Chaparro, y al alguacil de esa circunscripción judicial Pedro Molina, por presuntamente haberle solicitado 2 mil dólares a un privado de libertad a cambio de librarle la boleta de excarcelación.
Tal situación fue denunciada ante la Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público, el 1° de abril de 2016.
Los fiscales 50° nacional y auxiliar, Marcos Palacios y Ramón Torres, respectivamente, acusaron a los funcionarios por concusión y agavillamiento.
Mientras que, el fiscal 25° nacional, Pedro Buitriago, acusó al juez por incurrir en los delitos de tráfico de influencias y agavillamiento, relacionados con otra causa que sigue esa dependencia desde el año 2015.
En los escritos presentados ante el Tribunal 28° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), se solicitó la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los dos hombres y que se mantenga la medida privativa de libertad en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, situada en Miranda.
Según la investigación, el juez le habría solicitado la citada cantidad de divisas a un privado de libertad, a cambio de no continuar con el proceso penal y otorgarle la libertad.
En vista de la situación, un familiar del hombre presentó la denuncia ante la citada dirección del Ministerio Público.
Tras diligencias de investigación coordinadas por la Fiscalía 50ª nacional y efectuadas por funcionarios de la Dgcim, Chaparro y Molina fueron aprehendidos el jueves 07 de abril en la referida instancia judicial, durante una entrega vigilada de dinero, acordada por el Tribunal 28° de Control del AMC.
Por otro lado, desde septiembre de 2015 la Fiscalía 25ª nacional lleva una investigación contra Chaparro por presuntamente haberse valido de su cargo para efectuar la venta ilegal de un carro.
La negociación la habría materializado los primeros días de junio de 2015, mes en que la víctima denunció al juez tras haberse percatado de que había sido engañado.