La Defensoría del Pueblo a través de su Dirección de Servicios Jurídicos, solicitó este martes ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia eliminar la caución económica que exige a los imputados e imputadas cancelar una fianza -de entre 30 y 180 unidades tributarias- para salir en libertad durante su juicio.
El director Larry Devoe explicó que el recurso de nulidad -interpuesto por la Institución por “razones de inconstitucionalidad”- se realizó en contra de los artículos 256.8, 257 y 258 del Código Orgánico Procesal Penal con la finalidad de garantizar el respeto de los derechos humanos, específicamente a la igualdad y no discriminación, el derecho a libertad personal y a la justicia gratuita, consagrados en los artículos 21.1, 44.1 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“Estamos pidiéndole a la Sala Constitucional que declare la nulidad de esos artículos para que no se puedan establecer fianzas, se trabaje bajo el principio de igualdad y no se vulneren los derechos antes mencionados”, indicó.
Devoe afirmó que aun cuando esas medidas están establecidas para evitar que las personas evadan el juicio, existen otros mecanismos que pueden instaurarse para garantizar que los imputados e imputadas se mantengan apegados al proceso. Entre ellos mencionó la prohibición de salida del país, la presentación periódica, la caución juratoria y la detención domiciliaria, entre otros.
En este sentido, aseguró que el Código contempla medidas cautelares sustitutivas que no están atadas a la capacidad económica de los enjuiciados. “La realidad es que la mayoría de las personas que entran en contacto con el Sistema Penal pertenece a los estratos más pobres de nuestra población, los cuales en muchos casos no tienen la facilidad o los recursos para poder constituir la fianza; y la intención es que no se privilegie lo económico por encima de sus derechos”, dijo.
El Director agregó que la DdP realizó una jornada de inspecciones en la que se constató que hay 127 personas –distribuidas en 19 estados del país- que se encuentran privadas de libertad por no tener los recursos para pagar dicha fianza.
Por otra parte, Devoe informó que la Defensoría está solicitando una medida cautelar para que se suspenda la aplicación de los artículos mientras se estudia el caso y se produce la decisión. “Estamos pidiendo que se elimine de nuestro ordenamiento jurídico, pero mientras eso se evalúa cada día hay personas a las que se le están vulnerando sus derechos humanos por no poseer recursos económicos para cancelar el monto que la Ley impone como requisito para disfrutar de la libertad”, afirmó.