La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, informó que a partir de la próxima semana se organizarán mesas de trabajo, junto a los organismos del sistema judicial del país, para revisar los casos de reclusos a los que se les pueda otorgar medidas de libertad condicional por tener problemas de salud.
Durante una visita realizada al Internado Judicial Los Pinos, y a la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), estado Guárico, Ramírez anunció que su despacho tendrá más presencia en los centros penitenciarios para prevenir y vigilar el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, difundió el portal web de la institución.
La atención que se le imparte a los reclusos desde este organismo del Poder Ciudadano se encuentra establecida en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo que en su artículo número 15 reza que el organismo debe «velar por la situación de personas que por cualquier causa, hubieren sido privadas de libertad, recluidas, internadas, detenidas o que de alguna manera tengan limitada su libertad, sea bajo régimen institucionalizado o no».
La Defensoría del Pueblo tiene entre sus competencias vigilar la labor de las requisas en las cárceles, verificar el estatus de los derechos humanos de los privados de libertad y promocionar los Derechos Humanos en los centros de reclusión.