Diversos movimientos sociales marchan este sábado en 32 ciudades de España en rechazo a la Ley sobre Seguridad Ciudadana, apodada «Ley Mordaza» por la ciudadanía por considerar que atenta contra los derechos humanos fundamentales.
La ley fue aprobada previamente el pasado jueves con los votos del Partido Popular (PP), decisión que no coincidió con el resto de parlamentarios del Congreso Español.
«El objetivo de este paquete de reformas no es garantizar la seguridad ciudadana, tal y como afirma el Gobierno, sino desincentivar y reprimir el libre ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación frente a la creciente ola de movilizaciones ciudadanas críticas con la gestión de la crisis en la que nos encontramos inmersos desde 2008», denuncia la plataforma No Somos Delito en un comunicado, en el que asegura que la ley mordaza debe analizarse de manera conjunta a la reforma del Código Penal, reseña este sábado el portal Publico.es.
De acuerdo a la normativa, serán multadas las reuniones no comunicadas al Gobierno y las manifestaciones prohibidas en instalaciones en la que se presten servicios públicos.
Las sanciones oscilan entre 30 mil a 600 mil euros dependiendo el grado de «desobediencia» a los funcionarios de seguridad del país.
Otras penalizaciones van de 101 y 600 euros y serán aplicadas a las personas que realicen una asamblea en un espacio público; reseñó Telesur.
Estos castigos establecidos han generado polémica en el España por considerarse una represión a los derechos humanos y la libre expresión. Por ello, exigen la cancelación de la ley o en su defecto la modificación de la normativa de seguridad.
La organización «No Somos Delito», que convocó la movilización, advirtió que el propósito del proyecto de Ley sobre Seguridad Ciudadana es «callar a la población».
Del mismo modo, los organizadores consideran que esta legislación, prevista para entrar en vigor a principios del 2015, pretende acabar con libertades como el derecho a informar, a manifestarse y de expresión, además busca legalizar las deportaciones de inmigrantes.
De acuerdo a una encuesta realizada por Metroscopia y publicadas en la pagina web del diario El País; de las 600 personas entrevistadas, el 82% cree que el texto debería ser modificado y sólo el 7% de los consultados consideran que la ley debería quedarse.