El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, enfrentará la próxima semana el inicio de un nuevo proceso judicial, esta vez por los delitos de secuestro y torturas de un juez al que acusó falsamente de terrorismo.
El titular de la fiscalía provincial especializada en terrorismo y delitos de lesa humanidad de la región central de Huánuco, Carlos Ordaya Lopez, fijó la audiencia inicial del proceso para el próximo viernes, en el presidio donde Fujimori cumple una condena de 25 años.
El proceso fue entablado por el exjuez superior de Huánuco Luis Antonio Galindo Cárdenas, quien denunció que en el año 1994 fue detenido ilegalmente, lo que configura delito de secuestro, y sometido a tortura psicológica por fuerzas del ejército de ese territorio.
La captura se debió a que una integrante del grupo armado Sendero Luminoso que presionaba a Galindo para que liberara a uno de sus compañeros fue detenida y acusó al fiscal de ser colaborador encubierto, forma que permitía a los alzados atenuar sus condenas.
Fujimori informó por televisión la captura del fiscal, quien luego fue liberado sin cargos, pero desde entonces exige justicia y una reparación del Estado y ha apelado a instancias internacionales para que su reclamo sea atendido, indicaron sus defensores.
La hija del expresidente peruano, Keiko Fujimori, quien dice deslindarse de los excesos del gobierno de su padre, perdió en 2011 la elección presidencial en una segunda vuelta ante el actual gobernante, Ollanta Humala, y encabeza las encuestas sobre intención de voto para los comicios de 2016.
Actualmente Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión tras ser acusado de varios delitos, entre ellos unos casos de secuestro, así como dos incursiones policiales donde murieron varias personas.
Ha sido internado varias veces de emergencia debido a complicaciones respiratorias, según informaciones difundidas por su médico, el congresista Alejandro Aguinaga.
En noviembre de 2014 la Corte Suprema de Perú estudió la petición del abogado del expresidente para que cumpla la condena en su domicilio. La medida fue negada porque las leyes de ese país aprueban prisión domiciliaria sólo a los procesados y no a los sentenciados.