El Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, rechazó este sábado las acciones de represión tomadas en contra de los movimientos sociales en el estado de Paraná, al precisar que no deben ser tratados como un «asunto policial».
El Ejecutivo brasileño condenó la represión policial en contra una protesta de docentes en Curitiba, capital del estado de Paraná, al sur de Brasil, la cual se dio este primero de mayo, donde resultaron heridos aproximadamente 200 personas.
El ministro de Derechos Humanos, Pepe Vargas, manifestó que «el movimiento social no debe ser tratado como un asunto policial, sino con disposición al diálogo. Es posible acompañar una manifestación pública sin el uso desmedido de la fuerza como vimos en Curitiba»
Paraná es un estado fronterizo con Argentina y Paraguay. Actualmente es gobernado por el opositor Beto Richa, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El ministro Vargas, luego de reunirse con siete de sus antecesores en Sao Paulo para fijar una posición en conjunto contra la reducción de la mayoría de edad penal, calificó de «uso desmedido de la fuerza y una violencia innecesaria» en la acción de la Policía Militarizada de Paraná.
Por su parte, el exministro de Derechos Humanos, Paulo Sergio Pinheiro, expresó que la represión en Curitiba contra los profesores fue un método «parecido a una dictadura», agregó que «es lamentable que el Gobierno regional no demuestre que tenga competencia para lidiar con protestas pacíficas».
El proyecto de ley impulsado por el gobernador Richa, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), pretende “ahorrar” al Estado unos mil 700 millones de reales (casi 574 millones de dólares). Para tales fines, el gobierno de Paraná quiere sacar a 33 mil jubilados con más de 73 años del Fondo Financiero, que se sustenta por el Tesoro estadal, y transferirlos al Fondo de Previsión de Paraná, pagado por los servidores públicos y el gobierno.