Gaceta Oficial N° 40.608|Oficializada intervención de la Policía de Maracaibo

Por resolución del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp) se ordena el inicio del proceso de intervención del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Maracaibo del estado Zulia.

La medida queda establecida en la Gaceta Oficial N° 40.608 de fecha 25 de febrero de 2015 que circula este jueves en la República Bolivariana de Venezuela.

En la publicación oficial se reseña que se ha determinado la «participación masiva y continuada» de algunos de los funcionarios y funcionarias del referido cuerpo policial «en redes delictivas».

En tal sentido se ha designado una junta interventora, la cual tendrá entre sus competencias designar y remover al personal de libre nombramiento y remoción, declarar la reestructuración administrativa de la Policía de Maracaibo, suspensión inmediata de funcionarios o funcionarias, iniciar proceso de ingreso de personal según las normativas aplicable y prohibir al cuerpo de policía la prestación de servicios, hasta que el Órgano rector ordene el restablecimiento de estos, entre otras atribuciones.

El Mpprijp designó, mientras dure el proceso de intervención, a Armando Soto como director encargado del instituto autónomo de policía del municipio Maracaibo, a Cristian Barcelo como sub-director -en calidad de encargado-, e Yven Vásquez como jefa de la Oficina de Control de Actuación Policial.

La junta tendrá 90 días prorrogables para la ejecución del proceso de intervención y presentar informes que evidencien y soporten las acciones tomadas al Mpprijp.

Texto/José Sinue Vargas
Fuente/Gaceta Oficial N°40.608
Foto/Archivo

Cuando funcionarios no cumplen con sus funciones que le ha asignado el Estado, deben ser reemplazados por gente idónea, responsable y, con verdadero sentido patriota.

  • La policia de Maracaibo auspicia y protege las guarimbas. Eso no es un cuerpo policial son la cosa nostra.

  • Pero no solo debe ser intervenida la policía, se deberá aplicar responsabilidades penales contra los jefes responsables que apoyaron y permitieron tales desmanes y actos de corrupción.