El Ministerio Público logró privativa de libertad para cinco efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), por presuntamente incurrir en trato cruel contra una joven de 20 años de edad, hecho ocurrido el 28 de abril en la parroquia Candelaria, municipio Libertador del Distrito Capital.
En la audiencia de presentación, la fiscal 125ª del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Adriana Valdez, imputó a los funcionarios Pedro José Vásquez (30), Derry Jesús Macías (24) y Manuel Camacho por la presunta comisión de los delitos de trato cruel, peculado de uso y privación ilegítima de libertad en grado de coautores.
Por su parte, Dilia Marín (40) y José Gregorio Mendoza (23) fueron imputados por los mismos delitos pero en grado de colaboradores.
Tales tipos penales están previstos y sancionados en las leyes contra la Corrupción; Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; y el Código Penal.
Una vez evaluados los elementos de convicción presentados y tras la solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 1º Control del AMC dictó la medida de privativa de libertad para los cuatro hombres y la mujer, quienes permanecerán recluidos en las sedes de la PNB ubicadas en Baruta y El Helicoide.
El citado día, la joven se encontraba en un local nocturno en compañía de un amigo, donde también estaban los funcionarios policiales vestidos de civil.
Aproximadamente a las 04:00 de la mañana, a la muchacha la despojaron de su teléfono celular, por lo que solicitó que nadie saliera del establecimiento hasta localizar el dispositivo.
En ese momento, los hoy imputados intervinieron en el hecho y agredieron a la mujer, para luego llevarla a una patrulla que estaba estacionada en las afueras del local.
Una vez afuera, los policías continuaron con los maltratos contra la joven, situación de la cual se percataron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que transitaban por la zona.
Por tal motivo, los militares detuvieron a Vásquez, Macías, Camacho, Marín y Mendoza, a quienes pusieron a disposición de la Oficina de Investigaciones y Desviaciones Policiales de la PNB, por lo que desde ese momento quedaron a la orden del Ministerio Público.