Luego de un receso el Congreso reanudará sus sesiones este martes con la discusión del proyecto que creará la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), corazón del acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
“Este es uno de los proyectos más importantes del acuerdo de paz, porque es el que va a imponer justicia a los miembros de la guerrilla, conceder el derecho que tienen las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana”, señaló el presidente del órgano legislativo, Mauricio Lizcano Arango.
Igualmente, está prevista para el miércoles venidero una reunión de las comisiones primeras de Cámara y Senado para iniciar la modificación de la Ley 5, que permite la participación de los voceros de paz en el Congreso de la República, durante la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP.
“La participación de las FARC-EP en el legislativo, será sin voto, y durará alrededor de seis meses, únicamente para el debate de las leyes y las reformas constitucionales que se tramitan para ejecutar lo pactado en La Habana”, explicó Lizcano Arango:
Con anterioridad, el Parlamento aprobó la Ley de amnistía (para los miembros de esa guerrilla) y de tratamientos jurídicos especiales (para militares), primera del paquete encaminado a implementar el trascendental consenso con las FARC-EP, con fecha de 24 de noviembre.
Por lo que los debates en torno a la JEP en el Capitolio son medulares con el fin de conformar el sistema de justicia transicional (permite pasar de un escenario de guerra a la paz) y transcurrirán en medio de acalorados análisis, opinan investigadores quienes no descartan la férrea oposición del partido Centro Democrático, tradicional detractor de las negociaciones con ese grupo y sus resultados.
Calculamos que dicha discusión demore 30 o 40 días y, promulgado ese acto, se tramitará una ley estatutaria que reglamente la parte operativa del Tribunal de Paz; explicó el representante a la Cámara Hernán Penagos, coordinador ponente, citado por el periódico.
Aunque el Congreso apruebe la Justicia Especial para la Paz, no se podrá poner en marcha de inmediato; aún hará falta la conformación del Comité de Escogencia y la selección de los comisionados de la verdad, de los magistrados, jueces y fiscales, junto a otros pasos.
Actualmente el Gobierno y ese movimiento guerrillero, el mayor del país, impulsan la adecuación de los puntos y zonas (26 en total) donde los insurgentes deberán abandonar las armas y comenzarán a prepararse para su reincorporación a la vida civil.
Ambas fases son verificadas por un mecanismo tripartito compuesto por voceros del Ejecutivo, de las FARC-EP y una misión política coordinada y financiada por Naciones Unidas.
La habilitación de dichos escenarios en los cuales son construidos campamentos temporales y la tramitación normativa en el Congreso son dos de los ejes esenciales del llamado período de postconflicto, iniciado a finales del año previo.