Un 8 de mayo del año 1986, la prensa venezolana dio a conocer un hecho lamentable que hoy rememoramos en realce del clamor por la justicia: el asesinato de nueve dirigentes sociales en las cercanías de la población Yumare, acusados de ser guerrilleros y desestabilizadores del orden público.
Según el investigador Luigino Bracci Roa “ellos levantaban un movimiento político social denominado «La Corriente Histórica Social» que rescataba el pensamiento bolivariano, en busca de una patria justa para los venezolanos y la unión de los países hermanos”.
Los nueve dirigentes asesinados por un comando de funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), fueron Dilia Antonia Rojas, Pedro Pablo Jiménez García, Nelson Castellanos Díaz, Ronald José Morao Salgao, José Rosendo Silva Medina, Simón José Romero Madrid, Luis Rafael Guzmán Green, Rafael Ramón Quevedo Infante y Alfredo Caicedo.
Dilia Rojas militó desde muy joven en el movimiento revolucionario. A raíz de su participación tuvo que irse a Cuba donde realizó estudios de Francés. Fue una reconocida dirigente popular, amante de la poesía y luchadora vecinal. Además trabajó como enfermera en varios centros asistenciales y participó en la fundación de la Asociación de Vecinos de Carabobo, en representación de los barrios de Valencia en el año 80. Dejó 7 hijos.
Pedro Pablo Jiménez García trabajó en el Ministerio de Obras Públicas y fue dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte. Fundó el periódico Ruta Unitaria y militó en las filas del Partido Revolucionario Venezolano durante varios años.
Nelson Castellanos Díaz militó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y en la Liga Socialista. Dejó 3 hijos.
Ronald José Morao Salgao fue desde muy joven fue un militante revolucionario, se inició en las actividades de los Frentes de Cultura Popular. También se desempeñó como activista político en la zona de Los Flores de Catia donde editaba y distribuía el periódico “El Rebelde”. De igual manera militó en la Liga Socialista, organización en la cual llegó a formar parte de los organismos de dirección.
José Rosendo Silva Medina se desempeñó como latonero y pintor automotriz por muchos años. Silva además fue uno de los fundadores del Centro Cultural Francisco de Miranda en la ciudad de Valencia. Entre sus preocupaciones criticó incansablemente la desigualdad social contra la que luchó hasta su muerte.
Simón José Romero Madrid fue trabajador de la cultura popular, poeta y canta-autor. Desde temprana edad tuvo vocación para la música, durante su niñez fue primera voz del orfeón “Don Bosco” y posteriormente del Orfeón “Cardenal Spellman”; comenzó estudios de música en la Escuela Juan José Landaeta y dictó cursos de guitarra en el Centro Cultural de la Federación de Jóvenes de Venezuela. Asi mismo formó parte de los grupos musicales “Espiga” y “Canción Libre”.
Luís Rafael Guzmán Green fue integrante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y del Grupo Punto Cero. Laboró por varios años como vendedor en algunas empresas y durante dos años integró el Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Rafael Ramón Quevedo Infante estudiaba cuarto semestre en el departamento de castellano, del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas. Según el texto, allí mismo integró la Federación de Centros de Estudiantes.
Alfredo Caicedo perteneció a las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Estuvo preso y luego exiliado en México, donde estudió antropología en la Universidad Autónoma de México.
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CRÓNICA DE UNA MASACRE
El 8 de mayo de 1986, fueron asesinadas por un comando de la antigua DISIP las nueve personas antes señaladas, específicamente en el sector Barlovento, Caserío La Vaca, sitio muy cercano a la población de Yumare, del distrito Bolívar, en el estado Yaracuy.
La versión difundida por los medios privados de comunicación durante la gestión del entonces presidente de la República, Jaime Lusinchi, ratificó la versión de las autoridades policiales, quienes indicaron que se trató de un «enfrentamiento armado de un grupo de la Disip, con un grupo guerrilleros y de narcotraficantes (…) con el saldo de nueve de esos guerrilleros muertos y un funcionario de la Disip herido (Henry López Sisco)».
Pero la verdad no quedaría oculta por mucho tiempo. Después de 23 años de ocurrida aquella masacre, los argumentos de pobladores y testigos, afirman que esas personas fueron detenidas, torturadas y posteriormente asesinadas por los funcionarios policiales, quienes después de quitarles la vida procedieron a colocarles ropas militares encima de su ropa civil para justificar la hipótesis de enfrentamiento con presuntos guerrilleros.
Esos testimonios dan fe de que los ejecutados, en su mayoría por disparos certeros a la cabeza, eran todos luchadores sociales y promotores del ideal bolivariano, propulsores de una corriente del pensamiento de izquierda.
CORRIENTE HISTÓRICA SOCIAL
La llamada “Corriente Histórica Social” había sido promovida por las víctimas de estos funcionarios policiales, y estaba conformada como vertiente ideológica por dirigentes sociales, vecinales, estudiantes y sindicales, quienes a través de actividades públicas enarbolaban un proyecto político.
Esa plataforma filosófica fundamental se difundía y practicaba en el seno de las comunidades organizadas, bajo un perfil de pensamiento bolivariano y nacionalista, a través de experiencias autogestionarias que apuntaban a la solución de los problemas sociales de quienes la pondrían en práctica, el pueblo.
Actualmente, las investigaciones dan por sentado que las fuerzas policiales al cargo de Henry López Sisco, luego de un prolongado proceso de infiltración en sus filas de militancia izquierdista, los capturaron, los sometieron a torturas y luego los asesinaron, con el falso argumento de enfrentamiento armado entre sus funcionarios contra un grupo de presuntos “guerrilleros comunistas”.
La operación de infiltración al movimiento denominado Corriente Histórico Social fue asignada a cuatro agentes de la DISIP: Norberto Rebanales, Alirio Rebanales, Bergenis Beraciarte y Rafael Rojas. Durante un año participaron como miembros del movimiento político como paso previo a la planificación y ejecución de la operación exterminio que se efectuaría un año más tarde en las cercanías de la localidad de Yumare.
Al respecto, Bracci comenta que “los agentes encubiertos planificaron desde de marzo de 1986, una reunión donde se discutirían los lineamientos de la nueva organización, para lo cual los mismos agentes escogieron un escenario rural que desconocía el resto de los integrantes de la organización”.
El día 6 de mayo de 1986 comenzaron a trasladar al lugar de los hechos a un grupo de once personas en un vehículo de uso particular, entre los cuales estaban algunas de las posteriores víctimas fallecidas. Otras tres personas fueron detenidas por los agentes infiltrados de la DISIP entre los días 6 y 7 de mayo de 1986, los mismos fueron torturados y posteriormente asesinados y trasladados al lugar.
Una vez allí simularon una emboscada por parte de un grupo guerrillero y para ello utilizaron a los dirigentes sociales, de los cuales algunos fueron capturados y torturados días antes para posteriormente llevarlos y asesinarlos con múltiples disparos de armas largas en la cabeza y tórax, evidenciándose a través de los protocolos de autopsias que muchos de ellos tenían “tiros de gracia” y presentaban múltiples lesiones externas las cuales delatan la aplicación de torturas antes de ser ejecutados en el Caserío La Vaca.
Una vez realizada la masacre, los cadáveres fueron vestidos con prendas militares y exhibidos ante los medios de comunicación, quienes difundieron la versión oficial expresada por el entonces Ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage, según la cual, los funcionarios de la Disip, habían sido emboscados por un grupo de irregulares y en defensa de sus vidas utilizaron sus armas de reglamento, dejando en tal enfrentamiento el saldo de nueve personas fallecidas, aún cuando tal versión se hacía insostenible por las múltiples contradicciones que emitían los organismos oficiales.
LOS HECHOS IMPUNES
Según Jesús Lucart, en julio de 2007, por disposiciones del Ministerio Público, fueron determinadas como 45 las personas involucradas en la masacre de Yumare, encontrándose entre las mismas Jaime Lusinchi, ex-presidente de Venezuela y el ex-comisario de la Disip, Henry López Sisco. Ambos radicados en Costa Rica.
De López Sisco se conoció su desempeño en la Gobernación del estado Zulia, en un cargo de plena confianza avalado por el ex-gobernador Manuel Rosales en el área de seguridad. Paradójicamente, hoy ambos son prófugos de la nación por evadir las acciones de la justicia.
Entre las 27 nuevas imputaciones por el citado caso se encontraron como implicados al ex-ministro del Interior de Jaime Lusinchi, Octavio Lepage, el de Defensa; Andrés Brito Martínez, Remberto Uzcátegui, los ex-directores de la DISIP; Porfirio Varela y Mauro Yánez Pasarella, el ex-subdirector de la entonces Policía Técnica Judicial (PTJ), y el ex-fiscal militar Pedro García.
SOBREVIVIENTES Y FAMILIARES CLAMAN JUSTICIA
El investigador Bracci expresó en sus escritos de seguimiento a este caso que de la masacre de Yumare se habla de nueve muertos, pero el número pudo ser mayor, es decir, tal vez pudiesen llegar a 15 el total de víctimas.
De los seis jóvenes que salvaron la vida, uno de ellos, Luis Machado, relató los pormenores de aquella horrible experiencia a Radio Nacional de Venezuela (RNV) y a la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).
El sobreviviente relató que varios jóvenes se hallaban en la ciudad de San Felipe a la espera de otros que venían de otras regiones del país. “Yo había sido designado para coordinar el grupo, constituido por miembros de Bandera Roja, Liga Socialista, MIR, PCV y PRV».
Indicó Machado que habían acordado formar un movimiento revolucionario para rescatar el pensamiento del Libertador, Simón Bolívar y otros próceres de la independencia.
Por su parte, César Rojas, hermano de la asesinada Dilia Rojas, señaló que fue culminada la exhumación de los nueve cadáveres en 2007 y el paso a seguir es el de la reconstrucción de los hechos con la presencia de las siguientes instancias: CICPC, el Juez de la Causa y los sobrevivientes.
Los sobrevivientes y familiares de la masacre coinciden en manifestar que el caso debe llegar hasta el final y piden se castigue a los autores intelectuales y materiales del caso. La abogada de los familiares de las víctimas Merlyn Morales resaltó: “Este es un caso que toca las fibras de la población del estado Yaracuy donde fueron asesinados estos nueve venezolanos”.
MINISTERIO PÚBLICO SOLICITÓ A FISCALÍA MILITAR REMITIR LOS EXPEDIENTES DEL CASO YUMARE
El pasado 28 de abril de 2009, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el jueves 23 de abril envió una solicitud al Fiscal General Militar, general de brigada Ernesto Cedeño, a fin de que remita al Ministerio Público todas las actuaciones que reposan en su despacho sobre los expedientes de los casos tanto de Yumare, como de Cantaura.
La información la dio a conocer en el espacio radial «En Sintonía con el Ministerio Público», que se transmite a través de RNV, donde agregó que el ministerio a su cargo ya tiene las investigaciones abiertas pero que, sin embargo, la información que pueda aportar el Fiscal Militar, va a contribuir al fortalecimiento y profundización de las averiguaciones de los fiscales.
Destaca que por este caso el Ministerio Público citó en 2008 al ex-presidente Jaime Lusinchi, y a 13 ex funcionarios entre civiles, militares y policías, con el fin de imputarlos.
Igualmente, el Ministerio Público investiga la muerte de 23 venezolanos que perdieron la vida en la masacre de Cantaura, otro hecho ocurrido en el municipio Pedro María Freites del estado Anzoátegui, el 4 de octubre de 1982.
Con todas estas acciones que buscan realzar el firme compromiso del Gobierno Bolivariano en hacer cumplir los derechos humanos de todos aquellos que han sido víctimas de persecuciones políticas ejercidas durante la Cuarta República, la masacre de Yumare debe ser rememorada una y otra vez hasta que en nombre de la justicia, la impunidad caiga rendida a los pies de la razón y la dignidad de quienes hoy, sufren ante las pérdidas de sus familiares y allegados.