La jueza federal Katherine Polk Failla, de Manhattan, emitió el lunes una orden judicial preliminar contra la imposición de sanciones penales o civiles, bajo una orden ejecutiva firmada por el saliente presidente de EE.UU., Donald Trump, en junio de 2020, a cuatro abogados pro derechos humanos que trabajan con la CPI.
Trump había autorizado sanciones económicas y de viaje contra los empleados de la CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), y cualquier persona que apoye su trabajo, entre el que se incluye una investigación para dilucidar si las fuerzas estadounidenses cometieron o no crímenes de guerra en Afganistán entre 2003 y 2014.
Failla dijo que la justificación de seguridad nacional ofrecida para buscar prevenir y potencialmente castigar el discurso de los abogados es inadecuada, por lo que ordenó a la Casa Blanca que no siga adelante con la aplicación de sanciones contra las personas afectadas.
La orden judicial de Failla surge a raíz de una demanda presentada el pasado 1 de octubre por Open Society Justice Initiative ―un grupo de abogados pro derechos humanos―, con sede en Nueva York, junto a los profesores de Derecho Diane Marie Amann, Gabor Rona, Milena Sterio y Margaret de Guzman, y llegó un mes después de que Washington impusiera sanciones contra los miembros de la CPI, incluida la fiscal jefe, Fatou Bensouda.
La demanda fue presentada contra Trump y también otros altos cargos de su Administración, incluidos los secretarios de Estado y del Tesoro, Mike Pompeo y Steven Mnuchin, respectivamente; la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), Andrea Gacki; y el fiscal general de EE.UU., William Barr.
La CPI decidió el 5 de marzo de 2020 iniciar una investigación contra el país norteamericano después de que un examen preliminar, realizado por fiscales en el año 2017, encontrara motivos razonables para creer que los soldados estadounidenses cometieron crímenes de guerra en Afganistán, y la CPI tiene la jurisdicción correspondiente para realizar esas pesquisas.
El objeto de las investigaciones son los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en Afganistán, iniciado el 1 de mayo de 2003, cuando el país centroasiático se convirtió en un Estado miembro del Estatuto de Roma.
EE.UU., que no es parte de la CPI, lleva a cabo una campaña sin cuartel contra esta entidad, aduciendo que realiza enjuiciamientos motivados políticamente contra sus ciudadanos. La corte asegura, no obstante, que es una institución que se fundamenta en un sistema internacional de reglas. Mientras tanto, varios expertos consideran que EE.UU. busca impunidad para sus soldados, autores de todo tipo de crímenes.