En octubre comienza en el País Vasco, luego de 11 años, un juicio a 40 dirigentes de partidos actualmente ilegalizados detenidos desde 2002. También para esa fecha iniciará un procedimiento contra 40 jóvenes independentistas detenidos en 2009, acusados de pertenecer a las organizaciones Segi y Ekin. Treinta y cuatro de ellos presentaron denuncias de tortura durante sus interrogatorios.
En rueda de prensa en Bilbao, portavoces de los imputados denunciaron la “degradación profundamente antidemocrática” del actual sistema político y judicial del Estado, calificando estos juicios como “disparates” que castigan el derecho a la actividad política libre.
También llamaron a la solidaridad activa de las y los ciudadanos para defender sus derechos básicos.
La represión del Estado español contra el movimiento independentista vasco, en especial la prohibición de partidos de izquierda como Herri Batasuna, Euskal Herritarok y Batasuna y la clausura de los periódicos Egin y Egunkaria, trajo como consecuencia la Alianza Bildu-Eusko Alkartasuna, que en las elecciones regionales de 2011 obtuvo el 25 por ciento de los votos.
En el mismo año, ETA declaró un «alto el fuego definitivo».
Y en 2010, más de 300 miembros de la Izquierda Abertzale presentaron un nuevo proyecto «rechazando la violencia como medio para alcanzar objetivos políticos», y «el uso exclusivo de la persuasión, la desobediencia civil, el debate ideológico y político y la participación institucional comprometida».
La izquierda hace un llamado a la clase política en el poder: las detenciones, las torturas y los juicios masivos no pueden seguir siendo la respuesta para el pueblo vasco que reclama por una solución justa y pacífica a su conflicto.