”Apoyaremos integralmente a nuestros migrantes, por lo que realizaremos reuniones con Cancillería venezolana y otros organismos estatales para articular esfuerzos”, recalcó Julio Chávez, diputado de la Asamblea Nacional (AN).
El parlamentario encabeza la Comisión Especial para Investigar los Crímenes contra los Migrantes Venezolanos en el Exterior, que busca, aparte de elaborar una Ley en la AN, articular esfuerzos para que “en países donde tengamos misiones diplomáticas, cotejemos y sinceremos cifras, aparte de complementar los instrumentos jurídicos que hagan falta para apoyar a estos migrantes inducidos por la guerra psicológica y económica que se vive en Venezuela”. “Que nuestra población migrante sienta que la protegemos”, expresó.
En balance que realizó esta comisión designada por la AN, señaló con cifras oficiales en manos, proporcionadas por la Oficina Internacional para la Migración, que forma parte de la ONU, que hasta la fecha 5,6 millones de compatriotas han partido del país, de los cuales 3,7 millones están en América.
Los venezolanos en el continente están distribuidos así: Colombia, 1.780.486; Perú, 1.045.970; Chile, 523.553; Estados Unidos, 505.553; Ecuador, 447.050; Brasil, 261.441; Argentina, 174.333; República Dominicana, 114.050; Panamá 12.598; México, 102.223; y Costa Rica, 21.920, entre otras naciones.
Chávez acotó que de acuerdo a datos que suministran fuentes oficiales colombianas, de los compatriotas que están en esa nación, “6.151, en una cifra que se incrementa a diario, han sido víctimas de violación en sus derechos humanos. Nos referimos a delitos sexuales, desapariciones forzadas, asesinatos (1.770), reclutamiento forzoso”.
Se está planteando, como parte de esta nueva ley, que familiares y amigos afectados por estas violaciones puedan hacer las denuncias por el correo comisiónespecialmigrantes@gmail.com y en la sede de la comisión en el piso 4 de la subsede de la AN, en la caraqueña esquina Pajaritos. Igualmente tienen contactos en los organismos situados en los estados fronterizos.
Además se contará con las oficinas regionales de la Defensoría del Pueblo para recoger todas estas denuncias, las cuales serán analizadas por cinco subcomisiones creadas para atender de manera integral este problema.
Chávez acotó que la comisión “propondrá instrumentos jurídicos, articulando con instituciones del Estado para lograr ese apoyo integral a los migrantes y sus familiares en nuestro país”.
Otro objetivo importante será el recoger, de acuerdo a las propuestas que se realicen, “instrumentos jurídicos que “permitan garantizar el goce del derecho y garantía de los derechos humanos, que es universal y consagrada en la carta fundacional de la ONU, de la población migrante”.
“También la comisión plantea desarrollar planes proyectos y programas en el orden socioeconómico para darle apoyo al retorno de migrantes, lo que sería una poderosa herramienta para recibirlos, no solo por mecanismos como Vuelta a la Patria, sino también con mecanismos integrales a esta población para que desarrolle sus actividades económicas en el país”, recalcó Chávez.
Colombia lidera
La comisión también denunciará la agresión sistemática en derechos humanos contra la población migrante venezolana que se registra en el mundo, “a partir de esa campañas de odio xenofóbico que se ha desatado en algunos países de la región”.
Además, citó el caso de 40 mil hectáreas de droga, protegidas por el Gobierno colombiano, donde fueron desplazados en condición de secuestro, campesinos venezolanos para que siembren. Por otra parte, la ONG Progresar de ese país denuncia la existencia de fosas comunes para compatriotas asesinados.
Chávez nombró la existencia de cuarenta bandas paramilitares en Cúcuta y otras estructuras delincuenciales, respaldados por el Gobierno Colombiano, en zonas fronterizas que «atentan contra los derechos humanos de nuestros migrantes”, lo cual dijo, “denunciaremos en la Corte Penal Internacional, como lo hará el presidente Nicolás Maduro».
Acotó que denunciarán también el desplazamiento forzoso de poblaciones indígenas en las zonas fronterizas: “Solo en Puerto Carreño (Colombia) se han censado 3.981 indígenas desplazados de manera forzosa de sus territorios, de acuerdo a datos de Acnur”.
Por supuesto que están firmes en la denuncia por los 1,40 millones de dólares que otorgó la ONU a Colombia para atender el tema de la migración, cifra de la cual no hay datos precisos en qué se ha invertido «o robado».
«A pesar de que el Gobierno de Duque ha cortado cualquier vínculo con nuestro país, nos consta que se hacen esfuerzos como el de la Defensoría del Pueblo venezolana, que se ha estado contactando con algunas ONG, con instancias a nivel regional y local, existiendo cierto nivel de articulación para atender casos de violación a los derechos y hasta repatriar compatriotas que lamentablemente han sido asesinados. No obstante, seguiremos insistiendo en la vía diplomática y haciendo denuncias a los organismos correspondientes y a la Corte Penal Internacional, porque son delitos de ‘lesa humanidad’ que está cometiendo el Estado colombiano», resaltó Chávez.