Justicia argentina cierra causa de Santiago Maldonado y descarta desaparición forzada

Este jueves el juez federal argentino Gustavo Lleral, que llevaba a cabo la investigación por el fallecimiento de Santiago Maldonado el año pasado, decidió cerrar la causa. El magistrado descartó la hipótesis de que se trataba de una desaparición forzada seguida de muerte y sobreseyó al único imputado que había hasta el momento, el gendarme Emmanuel Echazú.

Como informó TN, para esta decisión habría sido determinante la pericia realizada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre un conjunto de documentos nacionales de identidad (DNI) similares al encontrado en el cuerpo de Maldonado. Este último estaba en perfecto estado y eso puso en discusión la versión de que el joven había estado casi tres meses bajo el agua. No obstante, el trabajo del INTI señaló que el nivel de deterioro del DNI era compatible con esa situación.

Sin embargo, la familia Maldonado informó a través de un comunicado que no fueron notificados de la mencionada pericia que se difundió a través de diversos medios. «Estas circunstancias solo confirman que un sector del periodismo forma parte de las decisiones judiciales, conformando un ataque judicial y mediático que tiene como único fin intimidar a la familia, desinformar y dejar en evidencia la necesidad del Estado de cerrar el caso y garantizar la impunidad a los responsables de la desaparición forzada y muerte de Santiago», sostuvieron.

Este es un nuevo revés para los familiares ya que días atrás, tal como informó Página/12, la Corte Suprema rechazó el pedido de que se conformara un grupo de investigadores independientes para acompañar la causa. Esa solicitud ya había sido denegada por el propio Lleral y distintas instancias superiores.

Es que desde la desaparición de Maldonado el 1 de agosto de 2017, su familia cuestionó el accionar judicial. De hecho esto derivó en que el primer juez de la causa, Guido Otranto, fuera separado de la investigación por su «parcialidad» en favor de las fuerzas de seguridad y las autoridades políticas.

T/RT
F/Archivo